Volvió el debate sobre la Ley de Caducidad.

El lider de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Rios puso sobre la mesa otra vez el tema de la Ley de Caducidad.

UN POCO DE HISTORIA DE LA LEY…

 Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la aprobó el Parlamento por las mayorías de los partidos Colorado y Nacional, con escasas y honrosas excepciones de personalidades y tendencias, así como la negativa unánime del conjunto de los legisladores del Frente Amplio y de la Unión Cívica. En diciembre de 1986, durante el primer gobierno posdictatorial, el presidente Julio María Sanguinetti  (1985-1990) convocó a la solidaridad interpartidaria para «salvar las instituciones» ante el clima de desacato de las fuerzas armadas, convocatoria que consistió en la decisión adoptada por el comandante en jefe del Ejército, Hugo Medina, de negarse a dar curso a las órdenes de presentación giradas por los jueces civiles sobre un conjunto del personal militar que había cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura. 

El resultado de la convocatoria presidencial fue una concertación entre los entonces partidos mayoritarios, de la cual surgió la ley 15 848, de cuyo contenido referiremos sus líneas generales. En sus tres primeros artículos, esta ley establecía que el Estado rescindía su pretensión punitiva frente a los delitos cometidos durante el periodo de facto por el personal militar, policial y equiparado, en cumplimiento de las órdenes emitidas por los mandos, excepto los delitos cometidos para obtener «provecho económico». Daba al Ejecutivo un mes de plazo para decidir si las denuncias existentes en los tribunales civiles estaban o no comprendidas en el texto del artículo primero y suspendía todos los juicios iniciados. En el artículo cuarto obligaba al juez a remitir al Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la aprobación de la ley en torno a los desaparecidos y a los menores «presuntamente secuestrados». Otorgaba cuatro meses de plazo para realizar la investigación e informar al juez sobre los resultados obtenidos, al tiempo que no fijaba normas y medios, ni dotaba de capacidad coercitiva y estímulos para obtener confesiones. Esta ley reconocía como fundamento constituyente la «lógica de los hechos» y los acuerdos pactados en agosto de 1984 entre los partidos políticos y las fuerzas armadas, en lo que se dio en llamar el Pacto del Club Naval, en el que se formuló una serie de convenios para concertar el retorno a la institucionalidad. La «lógica de los hechos» remitía a que las fuerzas armadas seguían ejerciendo su poder coactivo y a que dirigían, una vez más, las 3 armas contra el poder civil para exigirle una rendición que las sustrajera de la acción de la justicia.

Si bien Sanguinetti  hubiera preferido un texto explícitamente amnistiante, el aprobado en diciembre de 1986 fue el que pactó con las fuerzas mayoritarias del Partido Nacional y garantizaba ampliamente sus propósitos. El presidente Sanguinetti presentaba la ley bajo la imagen de una especie de empate

 Amnistiados los presos políticos, por la vía de la Ley 15 737 de Pacificación, correspondía exonerar a sus verdugos. Iniciaba así el laborioso bordado de la aplicación de la teoría de los dos o demonios. La sociedad uruguaya, sacudida en los años setenta por dos fuerzas enfrentadas, emergía a la posdictadura atenazada nuevamente por una ecuación binómica que el presidente caracterizaba como «psicológica»: el temor «natural» a un «ajuste de cuentas» de unos temerosos acostumbrados por razones profesionales a atacar y la impaciencia de otros que, como el «perro encadenado», una vez sueltos aspiran a todo sin concesiones ni transacciones, unas «mentalidades hiperjurídicas e intelectualizadas que no aceptaban otra cosa que la plenitud abstracta del sistema», decía, Sanguinetti,  en un ensayo dedicado a exaltar su modelo de transición.

Al día siguiente de su aprobación, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (MFUDD) y las viudas de Michelini y Gutiérrez Ruiz (los dos legisladores asesinados en Buenos Aires) convocaron a la recolección de firmas para llevar a cabo un referéndum revocatorio de la Ley de Caducidad. El desafío era inmenso, pues el artículo 79 de la Constitución de 1967 exigía la firma de la cuarta parte de los ciudadanos habilitados para votar, es decir, para ese caso específico se requería de más de 550 mil firmas.

La iniciativa concitó la adhesión de organizaciones sociales, del movimiento sindical y casi inmediatamente el apoyo de las fuerzas políticas representadas por el FA, que se sumaron a la iniciativa en enero de 1987, aun antes de que la campaña organizada por la Comisión Nacional Pro Referéndum se lanzara públicamente. También fue temprana la incorporación del MLN-T, y en los meses sucesivos se fueron pronunciando los distintos sectores políticos tradicionales que se habían opuesto a la aprobación de la ley en el Parlamento. Ciertamente la convocatoria fue ciudadana, sin embargo, en el Uruguay recién emergido de la dictadura, los partidos políticos habían retoñado con singular fuerza. El referéndum se realizó el 16 de abril de 1989, siete meses antes de las elecciones nacionales, y la iniciativa de derogación de la Ley de Caducidad, representada por una papeleta de color verde, fue derrotada por la que se proponía mantenerla, apoyada por los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales y expresada en el color amarillo. Vencedor el voto verde de la derogación sólo en Montevideo, recibió una baja votación en el interior de la República, donde triunfó la papeleta amarilla con el mandato ratificatorio de la Ley.

La papeleta verde obtuvo 799.109, un 41,3% y la papeleta amarilla logró 1.082.454 votos, un 55,9% de adhesión.

Se afirmaría que en el referéndum de 1989 la ciudadanía no ejerció la autonomía frente a sus adhesiones políticas. Las decisiones ciudadanas en torno a la caducidad reflejaron las lealtades partidarias (incluso sectoriales) dentro de los partidos, según se constató siete meses después, en las elecciones nacionales de noviembre de ese año. Los casi 800 mil votos que obtuvo la papeleta verde por la derogación, se conformaron con los 600 mil votos que obtuvieron el FA, Nuevo Espacio ( agrupación conformada por el Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), la Democracia Cristiana y la Unión Cívica), así como gran parte de los votantes de un sector del Partido Nacional opuesto a la Ley, además de alguna fracción colorada de esa misma tesitura. La victoria de la papeleta verde en Montevideo, con 55% de los sufragios, se reflejó en la victoria del fa en la capital, donde conquistó por primera vez la intendencia. Esa misma correlación se establecería entre el voto amarillo y los sectores de los partidos tradicionales defensores de la Ley de Caducidad . La fidelidad partidaria ganó la partida al compromiso cívico con los derechos humanos.

Resulta imposible transmitir lo que significó esta derrota para el ánimo de quienes impulsaron esta batalla, así como las consecuencias que tuvo para los destinos nacionales. Sanguinetti se erigió en el adalid de la victoria, le puso candado al pasado, vaticinó que el tema se extinguiría con la muerte de las partes y que la historia —concebida como la gran recolectora de la basura de los tiempos— se encargaría del hecho. Aprovechó también para dar por finalizada la transición a la democracia.

Con este panorama llegaba Uruguay al inicio de un nuevo siglo. Un Batlle (José Batlle y Ordóñez, 1903-1911 y 1911-1915) se había encargado de abrirlo, otro lo cerraba. Jorge  Batlle Ibáñez (2000-2005) había alcanzado la presidencia en unas elecciones nacionales de marco electoral modificado, ahora con segunda vuelta para frenar el avance  del FA, que en 1999 era el partido más votado en la primera vuelta, luego del aggiornamento de su programa y de haber practicado una política de amplias alianzas que lo convirtiera en FA-Encuentro Progresista. No sólo el entorno nacional había cambiado. Nuevas orientaciones gubernativas empezaban a aparecer en un continente que resentía los estragos y la desilusión de la aplicación de las políticas recomendadas por el Consenso de Washington.

La verdad y la justicia seguían siendo un reclamo presente y sentido en la coalición de izquierda y el presidente Batlle tenía una más vivida receptividad para la temática de las violaciones a los derechos humanos, quizá a partir de la experiencia personal de su detención, o simplemente por la conveniencia política que le suponía un alineamiento con los nuevos patrones de sensibilidad del siglo XXI. Marcó así una diferencia con su predecesor, Sanguinetti. Creó la Comisión para la Paz, que, pese a su limitado marco, era un paso importante. Dicha comisión elaboró un informe final, en el que reunió pocos casos y aceptó la versión que anónimamente le hicieron llegar las fuerzas armadas: un mensaje sobre lo inconducente que sería continuar la búsqueda, pues, según decían, cercano al retorno de la democracia, los cuerpos enterrados en las unidades militares habían sido removidos, incinerados y esparcidos en las arenas de una playa cercana a la capital, en lo que se llamó «Operación Zanahoria». La versión era inadmisible y el informe, que pretendió ser la versión oficial y definitiva del horror, provocó una honda reacción de rechazo en la MFUDD, organización que se distanció de este informe . De ahí en adelante era obligatorio reconciliarse sin justicia, porque así lo sentenciaba la Ley de Caducidad, también sin verdad y sin cuerpos, definitiva e irremediablemente pulverizados y desaparecidos para siempre jamás.

 La perspectiva real y cierta de acceso al gobierno abrió en su seno la polémica en torno a las políticas gubernamentales sobre derechos humanos, uno más de los múltiples debates que se sustanciaban, en esos agitados días, en el seno del IV Congreso Extraordinario «Héctor Rodríguez» del FA, en diciembre de 2003 . Los actores más destacados en la defensa de posiciones encontradas fueron Hugo Cores del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Eleuterio Fernández Huidobro, entonces militante de las filas del Movimiento de Participación Popular (MPP). Ambos representaban a corrientes políticas tradicionalmente volcadas a la izquierda radical de las tendencias. Cores mocionó para que el Congreso aprobara la anulación de los artículos de la Ley de Caducidad contrarios a la normativa internacional en materia de derechos humanos,  Fernández Huidobro argumentó en el sentido de que el tema estaba cerrado por la decisión que la ciudadanía tomó en el referéndum de 1989.

Finalmente, ninguna de las dos tendencias obtuvo los dos tercios requeridos por el consenso que exigen las normas de funcionamiento del FA y los lineamientos programáticos mantuvieron la propuesta de que el Ejecutivo ejerciera plenamente las facultades que le otorgaba el artículo 4º de la Ley, al tiempo que recogieron aspectos de la moción de Cores en el sentido de adecuar la legislación interna a la normativa internacional de la que el país es signatario .

Bajo estos lineamientos, en 2005 inició la gestión de Tabaré Vázquez. El presidente se mostró contrario a derogar la Ley. Aunque abdicó en un intento inicial de reglamentarla por vía parlamentaria, hizo uso de la potestad que ésta confiere al Ejecutivo para aplicar los mandatos del programa frenteamplista relativos al artículo 4º. Consideró no comprendidos en aquélla a los civiles, a los mandos, a los delitos económicos, a los crímenes cometidos fuera del territorio nacional, al caso de los dos legisladores asesinados en Buenos Aires y a los secuestradores de menores.

En este marco, varios acusados se presentaron a declarar ante la justicia. Otros dos signos positivos ocurrieron en el periodo. El Ejecutivo, en convenio con la Universidad de la República, confió a un destacado equipo de historiadores abordar algunos de los archivos de seguridad, siempre negados pero que ahora comenzaron a aparecer, con el objeto de realizar una investigación histórica sobre los desaparecídos. Destacó también un equipo de antropología forense de dicha universidad, el cual inició excavaciones en cuarteles militares a partir de información anónima que el Ejecutivo recopiló. El resultado de la acción de Vázquez fue la detención y final procesamiento de dos civiles, el presidente José Ma. Bordaberry y su ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco. Corresponde señalar que el ex presidente Bordaberry no sólo fue procesado por asesinato, sino también por el delito de atentado a la Constitución, es decir, por su responsabilidad en haber encabezado el golpe de Estado del 27 de junio de 1973.

En cuanto a los restos, finalmente se logró encontrar dos cuerpos completos, un cráneo y algunos fragmentos de huesos, en distintas unidades militares, hallazgo suficiente para desmentir la descorazonadora información recabada por la Comisión para la Paz en torno a la «Operación Zanahoria», por lo menos parcialmente. 

La gran virtud de la acción del presidente Vázquez fue eliminar el primer velo de la impunidad y haber aplicado las primeras acciones para establecer la verdad y la justicia en el marco de la Ley de Caducidad. Más allá de estas virtudes, el presidente frenteamplista cometió algunos errores, particularmente haber sido partícipe de la obsesión de la clase política uruguaya de cerrar el pasado con la poca verdad y justicia alcanzada hasta entonces. 

Quizá la mayor inconsecuencia se centró en la aplicación de sólo una de las líneas programáticas y no haber intentado el cumplimiento del mandato frenteamplista en el sentido de adecuar el marco jurídico nacional a la legislación internacional en materia de derechos humanos, lo cual hubiera implicado necesariamente la desaparición de la Ley de Caducidad. Pese a que el Frente Amplio  reunía mayorías parlamentarias suficientes para derogar por sí mismo, sin el concurso de los votos de otras fracciones, el mencionado IV Congreso había sido explícito en su decisión de preservarla y sólo dar cumplimiento al marco acotado del artículo 4º. De esta manera, la Ley se aplicó a los casos mencionados, hecho que introdujo una complejidad mayor para futuras revisiones.

Esta pasividad legislativa motivó a sectores de la izquierda nacional a promover una nueva iniciativa de plebiscito (de acuerdo a lo establecido por el artículo 331 de la Constitución), ya no con el objeto de derogar la ley, pues existían casos juzgados al amparo de aquélla y su anulación hubiera implicado la liberación de estos procesados y la difícil (si no es que imposible) reposición del juicio, sino de anular los artículos 1º al 4º, que consagran la estructura de impunidad. La propuesta anulatoria contó con la férrea oposición de varios sectores frenteamplistas, con argumentos de distinto valor; uno de los preferidos fue el de la congruencia y la confiabilidad política. Si el fa se había comprometido a respetar las leyes y las normas, se decía, ¿cómo podía negarse a acatar la voluntad ciudadana expresada en abril de 1989? Existían argumentaciones jurídicas que negaban la capacidad constitucional del Poder Legislativo para anular leyes. Otras consideraciones que se contraponían  con estas dos principales se centraban en que el «referente principal», es decir, el presidente Vázquez, era contrario a esta propuesta; en la afirmación de que quienes la impulsaban no representaban más que 10% del FA, que deseaba sobreponer su voluntad a una mayoría de 90% que aprobaba mantener la citada Ley. Algunos, más temerarios, arriesgaban la opinión de que a los promotores de la anulación no le importaban los muertos, sino que «les interesa dividir», en referencia al Partido por la Victoria del Pueblo, al Partido Comunista del Uruguay y a Nuevo Espacio que fueron los agrupamientos partidarios que impulsaron esta iniciativa.

Otras voces, José Mujica, por ejemplo,  consideraban inoportuno el plebiscito, ya que coincidiría con el acto electoral, algo así como una especie de distractor.

Los convocantes, reunidos en torno a la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley, argüían el cambio del contexto mundial, continental y nacional en materia de derechos humanos, la aparición de nuevas fuentes documentales sobre el terror de Estado, inexistentes en 1989, la presencia de una generación ciudadana que no había logrado expresarse antes y a la que se legaba un futuro no resuelto.

Ambos plebiscitos, por la nulidad de la Ley y por el voto en el exterior, se efectuaron paralelamente a las elecciones nacionales en la primera vuelta, el 25 de octubre de 2009. El FA obtuvo una amplia mayoría que le aseguró el dominio absoluto del Parlamento, pero no alcanzó el 50% más uno de los votos emitidos que exige la reforma electoral de 1996 para evitar una segunda vuelta, pues obtuvo 47.96% del electorado. Tampoco se logró la mayoría absoluta requerida para las dos iniciativas plebiscitadas, nulidad de la ley y voto en el exterior. El voto epistolar alcanzó apenas 37.42%, contradiciendo a la mayoría de las encuestadoras que aseguraban su triunfo.  Aunque la Ley de Caducidad no pudo anularse, obtuvo casi 48% del electorado.

Este plebiscito admite varias observaciones de interés. Corresponde enfatizar la alta votación obtenida que la situó a dos puntos, dos décimas porcentuales, y a 46 500 votos de haber logrado su propósito.

Sin embargo, el interés no radica precisamente en las cifras frías, sino en lo que ocultan. El voto rosa por la anulación de la Ley coloreó el mapa de la República de una nueva tonalidad, especialmente si lo confrontamos contra la escasa extensión alcanzada por el voto verde, veinte años antes. Una gran nube rosa se extendió sobre 13 de los 19 departamentos en que se divide políticamente Uruguay, en correspondencia con la muy alta votación que obtuvo la nulidad, que conjuntó 1105 768 voluntades de un electorado de 2 300 000 votantes, aproximadamente.

La plena victoria de la anulación de la Ley se extendió de Montevideo al vecino departamento de Canelones y las áreas de mayor concentración urbana votaron por encima de 40%. Esta realidad no es sorprendente si se correlaciona con el voto del progresismo, el cual obtuvo éxitos notables en el interior de la República. El FA triunfó, en la primera vuelta, en once departamentos y en trece de éstos el voto que apoyaba la anulación de los artículos de la Ley superó 35%, lo cual indica que el origen partidario del voto mayoritario a favor de la Ley provino de ciudadanos que también votaron por el FA en la elección nacional, lo que desvirtúa la afirmación de un publicista en el sentido de que el apoyo dentro de la coalición era apenas de 10%.

Esta es parte de la historia de lo que ha sido la Ley de Caducidad. Ahora reaparece el tema, impulsado por Manini Rios y otra vez vuelve a dividir a los uruguayos.

LA OPINIÓN DE EL SENADOR JORGE GANDINI.

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini se desmarcó de la propuesta de Guido Manini Ríos de derogar la ley interpretativa que en 2011 dejó sin efectos la Ley de Caducidad.

“Es un tema que no está en agenda. No lo tenemos previsto. No forma parte de los acuerdos. No forma parte de la discusión”, dijo al ser consultado por Informe nacional.

El legislador explicó que se enteró de esto por lo prensa y que actualmente hay un régimen jurídico y una ley vigente al respecto, aunque haya sido aprobada solo con votos del Frente Amplio.

Si ingresa al debate, lo veremos, agregó.

LA OPINIÓN DE GUIDO  MANINI RIOS..

Se dijo proclive a buscar restablecer el estado de Derecho ante procesamientos llevados a cabo con «falsos» o «dudosos» testimonios que muchas veces han llevado a «inocentes» a prisión.

El excomandante se preguntó si no será tiempo de reinstalar la Ley de Caducidad y de «derogar esa ley que derogó la Ley de Caducidad».

Manini hace referencia a la ley interpretativa 18.831 de 2011 que restableció «el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985».

«Eso no quita que se siga investigando, que se siga tratando de saber dónde están los desaparecidos», agregó.

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