Un negocio que daba pérdida a privados, Montevideo Gas, lo trasladamos a lo público.

El 30 de septiembre quedará finalmente formalizado el traspaso de las empresas Montevideo Gas y Conecta a la órbita estatal a través de Ancap. El ministro de Industria y Energía, Guillermo Moncecchi, tras comparecer en Comisión de Diputados,  dijo que la intención es mantener contactos con empresas internacionales.

“Hay absoluto acuerdo en que la salida de Petrobras no involucre ninguna afectación del servicio”, expresó. El jerarca habla de que hay empresas interesadas y contactos por la distribución de gas por cañería pero -al momento- son extraoficiales, desde la oposición se asegura que esto no se ajusta a la verdad y que al momento no se cuenta con interesados en invertir en estas empresas.

Aclaró que por el momento, la participación será de Ancap porque es la administración que más se ajusta a los requerimientos. Tomará el control de las acciones pero el servicio no será absorbido en su totalidad por el ente, detalló Moncecchi.

Desde el Partido Nacional (PN) se entiende que el proceso ha significado un mal negocio para el país y que tendrá más costos para el Estado.

El  diputado nacionalista Pablo Abdala afirmó que Uruguay perderá dinero y que aún no se avizora que ningún privado vaya a hacerse cargo del servicio.

Señaló que el Estado deberá “regentear un negocio que es inviable” debido al encarecimiento por su estructura burocrática, administrativa, de mano de obra y por el insumo principal —el gas natural— que es importado.

También recordó las pérdidas y gastos que ha significado Gas Sayago, a lo que aún resta sumar unos 8.000.000 de dólares que es el costo de remover los pilotes que se habían puesto en la bahía de Montevideo para la frustrada regasificadora.

Además Abdala  indicó que Ancap y UTE destinarán unos 600.000 dólares para despidos o acuerdo laborales destinados a la plantilla de Gas Sayago, pero que en este acuerdo entraron todos los funcionarios menos uno, la actual presidenta de Ancap, Marta Jara, que aún tiene reservado su cargo de gerente general.

Para Abdala esto es una situación ilegal, inconstitucional y “muy difícil de explicar o justificar públicamente”.

Deja un comentario