UN BALANCE INELUDIBLE PARA GENERAR UN GRAN DEBATE NACIONAL

Por primera vez en 33 años, la aprobación por la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que circunscribe las plantaciones de árboles con fines industriales a las áreas de prioridad forestal y les fija un tope del 10% del territorio agropecuario del país, ha provocado un debate público imprescindible sobre los impactos y los excesos de un modelo de forestación que desbordó los supuestos de la ley que lo generó.

La Ley N° 15.939 de 1987 definió como terrenos forestales los que por sus diversas características fueran «inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso» y los calificados como de «prioridad forestal» por el ministerio respectivo «en función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública», caso este último que debía comunicarse a la Asamblea General.

Desde entonces hasta hoy, esas plantaciones multiplicaron 10 veces la zona ocupada llegando hasta las 1:200.000 hectáreas. En las áreas de prioridad forestal, disfrutaron de subsidios y exenciones tributarias, que luego se fueron eliminando. Pero desde 2005 en adelante, la concesión de zonas francas a las plantas de celulosa le dio al sector y la cadena forestal asociada la hegemonía sobre todos los demás.

Gracias a beneficios privilegiados que no dispone ningún otro sector productivo del país, la cadena forestal-celulósica se fue expandiendo tanto en la adquisición de tierras como en las plantaciones más allá de las intenciones de aquella ley. De las tierras forestadas, 29% está fuera de las áreas de prioridad forestal, un 64% está destinada a la celulosa y casi el 80% pertenece a capitales extranjeros.

Esa expansión forestal desplaza a las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, es una de las causas principales del vaciamiento del campo, al ser monocultivos de especies exóticas, como el pino y el eucalipto, reducen la disponibilidad de agua, destruyen la biodiversidad, eliminan nutrientes del suelo y, junto con las plantas industriales, contaminan aire y aguas superficiales y subterráneas.

El proyecto de ley a discusión en el Parlamento no llega a cuestionarse todos los problemas económicos, sociales y ambientales causados por este proceso, pero puede ponerle freno a un sector que, al actuar sin límites, está poniendo en riesgo la integridad del país y la soberanía nacional. La invocada «política de estado» que dio origen a este fenómeno ha sido sobrepasada largamente por los hechos.

La Sociedad de Productores Forestales (SPF), las grandes empresas extranjeras de forestación y celulosa que la dirigen, invocan «la libertad» de los productores rurales uruguayos y «estudios científicos» para justificar su presencia avasalladora. Si fueran partidarios de la libertad, no deberían escudarse en privilegios económicos, y si se respaldaron en la ciencia, deberían aceptar investigaciones independientes.

La manera adecuada de tratarlo debe ser mediante la apertura de una discusión pública seria, abierta y fundamentada, sobre los impactos y consecuencias de esta actividad de enorme gravitación en el país. La ocasión debe ser aprovechada para generar un amplio debate nacional sobre el rol de los distintos sectores productivos y sobre cuál es la estrategia de desarrollo que queremos para el futuro del país.

De: Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
21 de diciembre de 2020.-

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