Sobre las actas del Coronel Gilberto Vazquez, dijo el Ministro de Defensa, Javier García que siempre estuvieron en el Ministerio.

El ministro de Defensa Javier García brindó una conferencia de prensa en la Casa del Partido Nacional, junto a la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón y el presidente del Partido Nacional Pablo Iturralde a propósito de las actas con las confesiones de Gilberto Vázquez, dadas a conocer el jueves.

Las actas corresponden a un Tribunal de Honor Militar, a quien en 2006, el coronel retirado Gilberto Vázquez relató su participación en el “segundo vuelo” y confirmó que hubo ejecuciones durante el gobierno de facto en Uruguay, entre otras cuestiones.

Las actas salieron a la luz por un pedido de acceso a la información que realizó la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. El ministro García aseguró que no sabe “cuántas veces se realizó” el pedido para acceder a las actas del Tribunal de Honor en el que declaró Gilberto Vázquez, pero dijo que lo que sí puede afirmar es que la última vez había sido el 8 de mayo de 2019.

Posterior a ello, leyó el documento enviado en esa ocasión: “De nuestra consideración. Por la presente, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos solicita a usted según lo acordado en la reunión del jueves 2 del corriente, lo siguiente: (primer inciso), documentación referida a todos los tribunales de honor a los que fueron sometidos José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Luis Magurro”.

Luego del cambio de gobierno, sostiene García, la solicitud fue realizada nuevamente el 17 de junio y las actas fueron entregadas el 11 de agosto, dentro de los plazos legales. “La semana posterior a esa se solicitó una ampliación de información con documentos que no integran el Tribunal de Honor pero que estaban mencionados allí, otras actas. Eran 10 documentos, de esos 10 documentos, 7 se contestaron en menos de 48 horas y quedaron tres pendientes porque no estaban en el Ministerio y les informo que en la tarde de hoy van a ser entregados”, informó.

¿Pacto de silencio?

Sobre el presunto encubrimiento de la información por parte del gobierno frenteamplista, García afirmó que “toda la información estaba en el Ministerio de Defensa” y  que “no hay Tribunal de Honor finalizado hasta que participa el mando político”.

En esa línea, detalló: “La Dra. Nelly Méndez Curuchet, integrante de la asesoría letrada del Ministerio de Defensa Nacional, remite un informe el 27 de setiembre del 2006 dirigido a la señora jefe de ella, otra abogada, para ser remitido al ministro o ministra de ese momento con lo que manda el reglamento. Lo que el abogado debe de informar es la regularidad procesal del Tribunal de Honor, (asegurar) que se hayan cumplido todas las etapas procesales”.

El documento posee 35 puntos y el primer párrafo, leyó García, expresa: “Señora, asesora en jefe. Por estas actuaciones, el  Comando General del Ejército eleva a esta Secretaría de Estado (Ministerio de Defensa) las actuaciones del Tribunal Especial de Honor paraoficiales superiores número uno y las del Tribunal de Honor paraoficiales generales, actuando como Tribunal de Honor de Alzada que entendieron el caso del Sr. Coronel, en situación de retiro, don Gilberto Vázquez”.

“Cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre porque lo marca la norma y porque no puede ser de otra manera”, sentenció García.

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, expresó su “total apoyo al ministro de Defensa y a la vicepresidenta de la República que han tratado con la seriedad y sensibilidad que se merece un delicado tema como este”. Y agregó que “el Partido Nacional no tiene nada que ocultar”.

Consultado sobre si existió un pacto de silencio entre el Frente Amplio y la fuerza militar, Iturralde sostuvo que, “durante todo este tiempo hubo conocimiento, del gobierno anterior y la fuerza que gobernaba, si no lo hicieron público tendrán que explicar ellos porqué no lo hicieron. Tienen la responsabilidad histórica, de haber tenido la información y no haberla hecho pública, cosa que está claramente resuelta en la documentación”.

 

 

 

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