Representantes de la mayoría de los partidos políticos cuestionaron la instalación de UPM II

 

Ayer jueves 11 de julio se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República la Mesa redonda con referentes ambientales de los partidos políticos sobre los posibles impactos de la proyectada planta de celulosa de UPM II a orillas del río Negro, cuyo contrato quedará firme en febrero de 2020. La actividad contó con la organización del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS).

No participaron representantes del Frente Amplio ni del Partido Digital, que habían sido invitados.

El primero en realizar uso de la palabra fue el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, quien expresó que el pueblo debería oponerse a UPM II.

Advirtió que el río Negro, sobre el cual se ubicará la nueva planta de celulosa, tiene un caudal diez veces menor que el río Uruguay, y ello significaría “la extinción del río en un breve plazo”.

Por el Partido Nacional, la senadora Carol Aviaga dijo que su partido no se opone a la inversión extranjera directa pero sí rechaza el acuerdo con UPM por la entrega de soberanía que significa y la falta de estudios ambientales previos a la firma.

A su turno Ofelia Gillespie, del Partido Independiente, calificó de “maquiavélico” el contrato entre el Gobierno y UPM para la instalación de la nueva planta de celulosa.

Remarcó que el incremento de la contaminación es más que obvio, también cuestionó el trazado de las vías férreas a lo cual definió como un “horror”, porque además de todo trasladará elementos volátiles en el marco del transporte de productos químicos.

Elizabeth Gómez, representante del sector Batllismo Ambiental del Partido Colorado, cuestionó que el gobierno se ha “empecinado en que la obra salga contra viento y marea” y firmó un acuerdo que deja, a su entender, muy mal parado al país.

Por su parte, la representante del Partido Verde Animalista, María Magdalena Álvarez, hizo referencia a que ejecutar el proyecto UPMII es un “suicidio ecológico, un ecocidio”.

Agregó que las floraciones de cianobacterias que llegaron hasta las costas oceánicas “muestran que el equilibrio ecológico está muy alterado y se está ante una altera máxima y a ello se quiere agregar la contaminación de las papeleras”.

Lucia Siola concurrió en representación del  Partido de los Trabajadores, la misma  cuestionó que en el proceso de la forestación “también tiene responsabilidad el conjunto de los partidos del régimen y dijo que es un “modelo económico de saqueo y contaminación”.

El contrato de UPM II es “completamente colonial, porque el Estado está subsidiando la ganancia de la multinacional”.

Luego le tocó el turno a Carlos Pérez,  de  Unidad Popular, el cual manifestó  que existen oposiciones al contrato, al trazado de las vías y a que se desplace la terminal portuaria.

Remarcó que Unidad Popular  se opone al modelo del “agronegocio celulósico forestal y a todo el modelo neoliberal que está detrás del proyecto, porque se entrega la soberanía nacional y el país se somete al sistema financiero”.

Nicolás Quintana, fue quien concurrió en representación   del Partido de la Gente, y  cuestionó que su colectividad no se ha pronunciado sobre la iniciativa.

Habló del “impacto de la unión, porque UMP II ha logrado unir a los políticos del país, ya que todos están a favor”.

Cuestionó que el país pondrá por UPMII “4.000 millones de dólares y quedará condenado para siempre”.

En su momento Araceli Desiderio, que representó al partido  Cabildo Abierto, se refirió a la necesidad de actuar sin demora en: el impacto ambiental (calidad de las aguas de ríos y subterráneas, efectos del pasaje del ferrocarril y en el puerto de Montevideo), evaluación financiera (obligaciones asumidas por Uruguay, costo de obra y de inversión y control del Estado sobre infraestructura), y legal (revisión independiente y transparente de contratos firmados y rentabilidad social).

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