Para entender lo que sucede en Chile.

La clase política chilena enfrenta uno de los mayores desafíos desde la vuelta de la democracia en 1990 tras el estallido social del pasado jueves, desencadenado por el aumento del precio del metro y alimentado por un más amplio malestar social. En estos días de emergencia, mientras las autoridades intentan dar ciertas señales de unidad para cambiar la crisis, no se detiene la protesta, ni la pacífica ni la violenta. Al menos 15 personas han muerto desde que comenzaran los altercados en el país sudamericano. Además, el principal sindicato chileno, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto a otras organizaciones ha convocado una huelga general para este miércoles.

El desafío para la clase política es mayúsculo en un país donde vota el 49% de los ciudadanos y las instituciones democráticas como el Gobierno, el Congreso y los partidos tienen una mínima valoración. En el Congreso, con mayoría opositora, los parlamentarios de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el proyecto de ley para suspender el alza de las tarifas de metro, anunciado por el presidente Sebastián Piñera la víspera. El Senado lo hizo el lunes por la tarde. Pero aparte de esta medida, La Moneda no ha anunciado una agenda concreta que pueda ayudar a parar el conflicto, al menos en parte. No han contribuido a la calmay a una salida política las declaraciones del mandatario,  que no se ha enfocado en el malestar de sus compatriotas que hizo estallar el conflicto que en los hechos vandálicos: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, indicó sobre los violentos que han destruido buena parte de la red de metro de Santiago, saqueado supermercados y locales comerciales o incendiado decenas de autobuses, instalando el caos en diferentes lugares del país.

Este lunes, mientras comenzaba la tercera noche de toque de queda en siete regiones del país, incluida la capital, bajo control militar desde el sábado, Piñera nuevamente se dirigió públicamente a los ciudadanos desde La Moneda, en un intento poco logrado de descomprimir una crisis política y social mayúscula. En referencia a sus desafortunadas declaraciones sobre «la guerra», reconoció a su modo que no fueron palabras prudentes: «Sé que a veces he hablado duro contra esta violencia y delincuencia. Compréndanme, compatriotas. Lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia y delincuencia provoca».

Además de anunciar que este martes se reunirá con los presidentes de todos los partidos políticos «para explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social» orientado a que «la clase media y los más vulnerables puedan tener una vida mejor», hizo un llamamiento a la unidad: «En las circunstancias que estamos viviendo no hay caminos hacia la unidad, la unidad es el camino para encontrar soluciones a los problemas y desafíos que enfrentamos», indicó Piñera. El presidente, como en los días previos, centró su discurso en el orden público y, aunque este es fundamental para restablecer la normalidad, sigue sin ser suficiente para la profundidad de los asuntos que reclama la sociedad chilena.

La expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo este lunes un llamamiento a Piñera: “Exhorto al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, indicó la socialista, que gobernó el país entre 2006 y 2010 y luego entre 2014 y 2018. “El uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación”.

Pero tampoco los recientes Gobiernos de centroizquierda han podido apaciguar el malestar de la sociedad que se incuba desde hace años y, como Piñera, apenas resultan electos pierden poco a poco la popularidad y los respaldos, como le sucedió a la propia Bachelet, especialmente en su segundo mandato. El desasosiego social que se ha expresado al menos desde 2006, cuando estallaron las primeras protestas de los estudiantes,  no ha podido ser canalizado hasta ahora por ninguna fuerza política con representación en el Congreso. Tampoco por el Frente Amplio de izquierda, cuyos principales líderes fueron los dirigentes estudiantiles que encabezaron las movilizaciones en 2011.

De acuerdo al presidente del Senado, Jaime Quintana —la segunda autoridad política del país— “a la oposición le ha costado encontrar una mirada común” en los primeros días de revueltas. De partida, explica, porque no hubo acuerdo sobre la decisión del presidente de entregar el control de las ciudades a los militares: “Este lunes, existe claridad dentro del centroizquierda de que no se le puede poner como condición al Gobierno para dialogar que se deponga el estado de emergencia”, indica Quintana, del partido opositor PPD. El senador asegura que la inmensa mayoría de los chilenos quiere retornar a la normalidad, pese a los protestas por la desigualdad social, por lo que todos los grupos políticos deben unirse: “Categóricamente, como oposición no buscamos desestabilizar al Gobierno de Piñera, que debe urgentemente dejarse apoyar y anunciar una agenda social que incluya beneficios inmediatos”.

El despliegue de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que tiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos.

La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente).

A modo de protesta, estudiantes comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.

La situación fue agravándose a partir del viernes cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda la tarde del sábado.

El presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció, en la noche del sábado, la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente».

Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos.

El domingo, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.

Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) hasta las 6:00 (09:00 GMT) del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes.

Además, se suspendieron las clases del lunes en Concepción y en 43 comunas de Santiago.

Poco después, el ejército de Chile también anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital.

Pese a todo, las manifestaciones no parecían apaciguarse.

«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible», dijo Piñera en una comparecencia televisada el domingo.

El gobierno chileno confirmó este lunes la muerte de al menos 11 personas durante las protestas.

El «milagro económico» de este país, acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno militar, parece haber ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada.

¿A qué se debe esta violencia y qué hay detrás de lo que está pasando en Chile?

Aquí exponemos cuatro claves que te ayudarán a entender el conflicto:

  1. ¿Qué tan desigual es Chile?

Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la «punta del iceberg» de los problemas que están aquejando a los chilenos.

La palabra «desigualdad» se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes.

Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible.

Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio.

Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro.

Así, hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, mientras que dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto puede ser menos de un 2%.

De esa manera, la sensación entre los ciudadanos chilenos es que no ha habido respuesta de los gobiernos de turno a una problemática que se arrastra hace décadas.

Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura a BBC Mundo que «este es ciertamente un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes».

«La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas«, agrega.

Para Bellolio, el alza en el pasaje del metro finalmente se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud.

También tiene que ver con las pensiones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado que, para muchos, tiene importantes deficiencias.

«Es un cóctel que no provee de esperanzas de que vayan a ver tiempos mejores, que es justamente la promesa del gobierno de Piñera. Por el contrario, creo que la gente percibe que los tiempos son peores», dice.

Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales.

«Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre», dice a BBC Mundo.

  1. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en todo esto?

Tanto la oposición política al gobierno de Sebastián Piñera como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones.

Se ha dicho que no hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y que se demostró una «falta de empatía» con los problemas de la gente.

De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el metro más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el alza, lo que ha sido blanco de críticas.

Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de «delincuentes» en repetidas ocasiones.

«Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y lumas (palos), mientras la política permanece ciega, sorda y muda», dice el periodista chileno Daniel Matamala en una columna a La Tercera.

En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones de metro— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), donde le estaba celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.

Así, los líderes de coaliciones políticas de oposición, como el Frente Amplio, han salido a criticar al mandatario y sus ministros.

«Gobierno insiste concentrar su discurso en criticar la violencia, pero con sus acciones hasta ahora solo ha contribuido a ella. Indolencia («levántense más temprano»), incomprensión («escolares no tienen motivos para protestar») y represión (militares en la calle). Así no!», dijo el diputado Gabriel Boric a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, indicó: «Solo queda pensar qué distinto sería Chile si los gobiernos escucharan antes a la gente».

Incluso, un exministro del primer gobierno de Piñera, Harald Beyer, señaló a La Tercera que este episodio «demostró la falta de habilidad y destrezas que ha exhibido el Gobierno para enfrentar situaciones como ésta».

De todas maneras, la oposición tampoco se ha librado de las críticas: también se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos, además de apoyar la violencia en estas manifestaciones.

«La oposición cometió un gran error: validó la violencia. Ellos no lo han dicho explícitamente pero se desgastaron en contextualizar la violencia como parte del descontento. Y en ese sentido, el partido comunista y el Frente Amplio han remado para el otro lado y han azuzado el fuego», dice Cristóbal Bellolio.

  1. ¿Cómo influyen las expectativas de una mejora social en el malestar de la gente?

Hace años que la clase política chilena viene prometiendo mejoras en la calidad de vida de la gente en Chile.

Se han anunciado reformas educacionales, constitucionales, tributarias y a la salud pero muchas de ellas no han logrado cumplir con las expectativas de la sociedad.

El descontento social, entonces, se ha traducido en este estallido que está terminando con la destrucción de un centenar de espacios públicos en distintas ciudades de Chile.

Las expectativas generadas por los dos gobiernos de Michelle Bachelet (de 2006 a 2010, y luego de 2014 a 2018), y luego por los de Sebastián Piñera (quien también lideró el país en un período anterior, entre 2010 y 2014), son una causa importante que puede explicar esta «furia».

«Si Bachelet 1 y Piñera 1 fueron símbolos de cambio (la igualdad de géneros, la alternancia en el poder), Bachelet 2 y Piñera 2 agotaron el stock de esperanzas. 

Enterrada la retroexcavadora y sepultados los tiempos mejores, hace tiempo se incuba el ruido sordo de la falta de un proyecto país, de un camino al desarrollo, de una meta compartida que dé sentido a las penurias cotidianas», dice Matamala.

Además, es importante recordar que Piñera ha sido reconocido por su capacidad para generar empleos y mejorar la economía. Durante su primer gobierno, de hecho, ése fue su gran logro.

Esta vez, la gente esperaba lo mismo y, hasta el momento, la realidad económica ha estado por debajo de las expectativas que tenía la sociedad chilena.

«Aquí habían dos promesas: el mejoramiento económico y la paz ciudadana. Esas eran las claves de este gobierno», explica Claudio Fuentes.

El académico agrega que «el crecimiento económico ha sido menor, les ha costado mucho. Y en seguridad ciudadana, acaba de salir un informe que muestra un incremento de la percepción de inseguridad en la población. Todo esto afecta este clima de no cumplimiento«.

  1. ¿Cuál es el rol de los estudiantes en las movilizaciones?

Las protestas y manifestaciones han sido lideradas, principalmente, por estudiantes.

La primera «evasión masiva» fue el lunes 7 de octubre, liderada por estudiantes de liceos emblemáticos, principalmente del Instituto Nacional. Este establecimiento fundado en 1813 ha protagonizado violentas protestas en los últimos meses.

Las quejas tienen que ver con la «falta de recursos» en la educación chilena y la falta de cuidado en las aulas de clases.

Según asegura el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en el diario El Mercurio, los desmanes ocurridos en los últimos días en Chile son resultado, en parte, a la aparición de una nueva generación «que se manifiesta cada vez con mayor intensidad».

«No es casualidad que todas esas formas de protesta violenta sean protagonizadas por jóvenes», agrega.

Una de las manifestaciones más importantes en Chile desde el retorno a la democracia también fue liderada por estudiantes. La llamada «revolución pingüina», ocurrida en 2006, generó un importante precedente respecto a la demanda social de mejorar la educación en el país sudamericano.

Luego, en 2011, esta petición se incrementó con un movimiento estudiantil que también generó grandes manifestaciones y que tuvo al primer gobierno de Sebastián Piñera en jaque.

Y aunque no se sabe cuál será la verdadera dimensión de estas últimas manifestaciones, sí está claro que los últimos días fueron de los más violentos que ha vivido Chile en décadas.

Hace solo unas semanas, y tras las crisis en Perú y Ecuador, se decía que este país sudamericano era un «oasis» dentro de América Latina.

Ahora, la situación ha cambiado abruptamente y nadie sabe si la «furia» va a detenerse.

En base a publicaciones de BBC.-.EL PAÍS.-.Madrid.

 

 

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