Lula tiene al menos otras ocho causas abiertas, por corrupción, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otras.

La Corte Suprema de Brasil decidió el pasado  jueves que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional, lo que puede llevar a liberar a miles de presos, entre ellos salió en libertad el   expresidente Luiz Ignacio Lula da Silva.

La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

El antiguo líder sindical, quien suma dos condenas por corrupción, una de ellas ratificada en tercera instancia, está inmerso en una encrucijada judicial y, tras varias derrotas en los tribunales, mira de reojo los frentes abiertos en la máxima corte del país.

El ex jefe de Estado, no obstante, sigue batallando en los tribunales por el reconocimiento de su «inocencia», pues considera que las acusaciones vertidas contra él son falsas.

El Supremo determinó que es inconstitucional que se cumpla la pena de prisión a partir de una condena de segunda instancia, como ocurrió con Lula y otros miles de reclusos en Brasil.

El propio tribunal ya se había pronunciado sobre la ejecución anticipada de penas en diversas ocasiones desde 2016, cuando autorizó la prisión después de que una condena sea ratificada en segunda instancia, aún cuando según la ley resten otras dos apelaciones.

Con base en esa decisión, Lula fue puesto preso en abril de 2018 para cumplir una pena de 8 años y 10 meses de prisión después de que la justicia diera por comprobado que recibió un apartamento a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

A pesar de que la decisión puede beneficiar a Lula, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, dejó claro que «lo que se analiza» ahora «no es un caso particular», sino el alcance del principio de la presunción de inocencia.

Lula tiene un habeas corpus pendiente de análisis en el Supremo, que ya le ha negado otros anteriormente. En concreto, este último cuestiona la actuación de Sergio Moro, el juez que le condenó en primera instancia en el llamado ‘caso del triplex’ y hoy es ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Las dudas sobre la imparcialidad de Moro se intensificaron en los últimos meses desde la divulgación de una serie de mensajes que el exjuez intercambió con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a Lula a prisión.Esas conversaciones, mantenidas vía Telegram y publicadas por el portal The Intercept, sugieren que Moro coordinó, supuestamente de forma ilegal, los trabajos de los fiscales anticorrupción y ponen en duda su imparcialidad al frente de las investigaciones relacionadas con la Lava Jato.

Esa es la tesis defendida por el Partido de los Trabajadores, que sostiene que  Lula es víctima de una persecución política y judicial que tiene como objetivo apartarlo del escenario político.

Cuando la Segunda Sala del Tribunal Supremo anuló el pasado mes de agosto una pena dictada contra el expresidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine, un rayo de esperanza alcanzó a decenas de condenados en el marco de la operación Lava Jato. El Supremo consideró entonces que una práctica procedimental usada de forma recurrente en la Lava Jato hirió el derecho a la defensa, pues hubo una inversión del orden en que se presentaron los alegatos de los acusados.

De esa forma, el tribunal, que todavía debe delimitar el alcance de su decisión, puso en tela de juicio muchas de las condenas dictadas en esa vasta operación contra la corrupción.

Ese parecer del Supremo no abre la puerta de la celda de Lula, pero podría poner en duda la segunda condena dictada contra el expresidente (12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado de dinero en el llamado ‘caso de Atibaia’).

En caso de que la condena fuese anulada por vicios procesales, el proceso sería juzgado de nuevo en primera instancia.

Tras 580 días en la cárcel, Luiz Inácio Lula da Silva recuperó la libertad este viernes.

El expresidente de Brasil salió de prisión gracias a una resolución de del Supremo Tribunal Federal que estableció que, como dice la Constitución, un condenado solo puede ser encarcelado una vez haya agotado todos los recursos posibles ante la ley.

Y en el caso de corrupción que lo llevó a la cárcel en abril de 2018, Lula está pendiente de un recurso a la sentencia en tercera instancia.

Pero el exmandatario, que está condenado por un segundo caso, tiene al menos otras ocho causas abiertas en los tribunales por delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dineroentre otros.

1. Condenado: el tríplex de Guarujá

Este caso fue el que llevó a Lula a la cárcel en 2018, tras ser hallado culpable de aceptar sobornos de US$1,1 millones por parte la constructora OAS a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras.

El pago fue destinado a reformar y amueblar un apartamento de lujo de tres pisos de Lula en la localidad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo.

En julio de 2017, el juez Sergio Moro determinó que Lula dirigió una trama para conceder a OAS contratos millonarios del gobierno a cambio del apartamento en el marco de la operación Lava Jato.

Esta investigación fue la que dejó al descubierto la escandalosa red de corrupción por la que grandes empresas de Brasil se pusieron de acuerdo para repartirse contratos de Petrobras sobornando a políticos y funcionarios de la petrolera.

Lula fue condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En 2018, un tribunal regional confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes.

El pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia lo condenó en tercera instancia pero redujo la sentencia a 8 años y 10 meses de prisión.Su defensa volvió a defender entonces la inocencia de su cliente.  «Para la defensa del expresidente, «el único resultado posible es la absolución del expresidente Lula, porque no cometió ningún delito», dijeron sus abogados. El exmandatario apeló al Supremo, que aún no se ha pronunciado.

2. Condenado: la finca de Atibaia

En este caso, Lula fue condenado en primera instancia por recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht para reformar una de sus residencias en Atibaia, São Paulo, a cambio de contratos con Petrobras.

Aunque la propiedad se encuentra formalmente a nombre de un empresario, la Justicia determinó finalmente que Lula era el verdadero dueño y principal usuario de la casa.

El pasado mes de febrero, Lula fue condenado en este caso a 12 años y 11 meses de cárcelpor corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.

Además de Lula, otras diez personas fueron condenadas, incluidos los expresidentes de OAS y Odebrecht, Léo Pinheiro y Marcelo Odebrecht, respectivamente.

El expresidente Lula negó los cargos, mientras que los dos empresarios ahora son colaboradores de Lava Jato y reconocieron los delitos.

3. Nombramiento como ministro de la Casa Civil

En 2017, el entonces fiscal general Rodrigo Janot presentó una denuncia contra los expresidentes Lula y Dilma Rousseff por obstrucción de la justicia.

El motivo fue el nombramiento de Lula, un año antes, como ministro de la Casa Civil del gobierno de Dilma.

Según Janot, la decisión se habría tomado en un tiempo récord para garantizarle ser aforado por su cago público y blindarlo ante las acusaciones en su contra. En ese momento, Lula ya era objetivo de las investigaciones de Lava Jato.

La defensa de Lula negó cualquier tipo de irregularidad.

4. Préstamos del BNDES a Angola (operación Janus)

El Ministerio Público Federal de Brasil acusó a Lula de los delitos de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias por haber presuntamente presionado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para conceder préstamos obras de Odebrecht en Angola entre 2008 y 2015.

Según la denuncia presentada en 2016, el expresidente habría recibido como retribución cerca de US$9,4 millones de Odebrecht a través del pago de conferencias y contratos sin prestación de servicios reales a través de una empresa de su sobrino.

El pasado mes de julio, sin embargo, Lula fue absuelto de las acusaciones de recibir comisiones, pero mantuvo los cargos de corrupción pasiva y tráfico de influencias.

El expresidente lo niega y asegura que nunca actuó para otorgar beneficios del BNDES.

5. El terreno para el Instituto Lula

En este caso, Lula está acusado de negociar con Odebrecht un soborno de unos US$2,9 millones para la compra de un terreno en São Paulo en el que construir una nueva sede para el Instituto Lula que se encarga de divulgar su legado.

La transferencia no se concretó, pero la Fiscalía afirma que el delito se consumó con la aceptación del soborno.

En la misma causa también se le acusa de recibir un apartamento comprado por Odebrecht justo al lado de la que era su vivienda antes de ser detenido.

La defensa de Lula niega que «haya cometido algún delito o recibido algún beneficio a cambio de actos realizados como jefe de Estado y jefe de gobierno».

6. Compra de aviones de combate (Operación Zelotes)

Lula fue acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y organización criminal en la llamada Operación Zelotes, que investigó la compra del gobierno brasileño de 36 cazas del modelo Gripen al fabricante sueco Saab.

Según la denuncia, Lula recibió supuestamente US$540.000 a través de una empresa de su hijo en el marco de esta compra durante el mandato de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política.

También se le acusa de estar detrás de la extensión de incentivos fiscales para fabricantes de vehículos a través de una medida provisional aprobada en 2013.

En ambos hechos, Lula ya no era presidente. Él niega las presuntas irregularidades.

7. Beneficios a automotrices (Operación Zelotes)

En el marco de la misma operación, la Justicia federal aceptó una denuncia contra Lula por corrupción pasiva.

En este caso, se le acusa de recibir US$1,4 millones en sobornos para aprobar una medida en 2009 que prorrogó los beneficios fiscales a los fabricantes de automóviles en el país.

Su defensa dice que Lula nunca cometió ningún acto ilegal y que es objetivo de persecución política.

8. «La gran cuadrilla del PT»

A finales del año pasado, una jueza aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra Lula, Rousseff, dos exministros de Finanzas y el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) por organización delictiva.

Según la denuncia, la cúpula del PT (bautizada en este caso como «la gran cuadrilla») habría recibido unos US$355 millones de sobornos en dinero desviado de las arcas públicas.

La defensa de Lula asegura que la denuncia es «manifiestamente irrazonable» e insiste en que el expresidente no cometió ningún delito durante su mandato.

9. Guinea Ecuatorial y el Instituto Lula

En este caso, el expresidente brasileño está acusado de recibir un soborno de US$240.000 pagado por empresarios brasileños a cambio de que negociara contratos a su favor con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

El pago fue supuestamente realizado por medio de una donación al Instituto Lula.

El expresidente niega cualquier tipo de irregularidad: admite haber recibido la donación, pero rechaza haber realizado nada a cambio.

Su defensa dijo que la acusación pretendía «transformar una donación recibida de una empresa privada por el Instituto Lula, debidamente justificada y declarada a las autoridades, en tráfico de influencias internacionales».

10. Soborno de Odebrecht

En junio de 2019, un juez aceptó una denuncia por corrupción contra Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo.

El caso involucra el supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de favoritismo por parte del gobierno federal.

La defensa de Lula declaró que el expresidente «nunca solicitó ni recibió ninguna ventaja inadecuada antes, durante o después de ocupar el cargo de presidente de la República».

En base a BBC-AFP-EFE.-

Deja un comentario