La regasificadora, un negocio que «enterró» a los uruguayos en 200 millones de dólares.

La Administración Nacional de Puertos intimó a Gas Sayago a que demuela los pilotes y todas las construcciones existentes de la fracasada obra de la regasificadora.

El plazo que está al borde de cumplirse, implica un apercibimiento de rescisión del contrato sin derecho a indemnización.  Gas Sayago deberá entregar el área marítima y terrestre en las mismas condiciones que las recibió ya que se está generando una barrera para el desarrollo portuario
El diputado nacionalista Pablo Abdala, quién planteó el tema en mas de una ocasión a nivel parlamentario y que ha sido muy crítico con lo realizado por el gobierno en torno a este tema,  dijo a radio Monte Carlo que se trata de un coletazo de un proceso muy negativo para el país

Pablo Abdala fue uno de los integrantes de la Comisión que se creó al nivel del Parlamento para estudiar lo relacionado con Gas Sayago, En un año esta comisión,  que  trabajó en la Cámara de Diputados  entrevistó a más de 40 invitados involucrados en el proceso de construcción de la planta que quedó inconcluso.

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, denunciante en la comisión investigadora, dijo a  que según los balances de Gas Sayago, la empresa propiedad de UTE y Ancap perdió 200 millones de dólares desde que se inició el proyecto.

Abdala sostiene que las adjudicaciones de obra a la empresa OAS, involucrada en el caso Lava jato en Brasil, estuvo plagada de irregularidades

“Yo creo que es más que un mal negocio esto que ocurrió, los procedimientos que se cumplieron, los procesos supuestamente competitivos, a nuestro juicio están plagados de irregularidades, donde aparece como un tema central el favoritismo que tuvo la empresa OAS”, consideró.

En setiembre del año pasado conversamos con Marta Jara, presidenta de Ancap y gerenta general de Gas Sayago durante el periodo del proyecto. Jara dijo que el proceso de la obra culminó con el cobro de una multa a favor del Estado por 100 millones de dólares.

“Hubo un contratista principal muy importante que no logró cumplir. Estaban todos los mecanismos disponibles para poder compensarnos, no tener que seguir adelante con un proyecto que hubiera sido un fracaso y cobramos una garantía de 100 millones de dólares. Yo le he preguntado a la comisión investigadora si en algún otro proyecto en Uruguay el proceso fue así”, afirmó.

ALGUNOS NÚMEROS DE LO QUE TERMINÓ SIENDO UN BARRIL SIN FONDO, DONDE LA JUSTICIA NO ENCONTRÓ IRREGULARIDADES.

En la investigación efectuada por dicha Comisión de Diputados fueron surgiendo con el paso del tiempo enorme cantidad de información que demostró que fue un pésimo negocio para el Pueblo uruguayo, pero que para unos pocos resultó ser un muy buen negocio, por ejemplo se señala el hecho de que Gas Sayago, el consorcio estatal a cargo del proceso de construcción, haya contratado una consultoría a CSI, integrada en ese momento por el propio gerente general del organismo, Pedro De Aurrecoechea.

Otro de los aspectos de la denuncia hace referencia a que a 23 propietarios de embarcaciones pesqueras se les sigue pagando 1333 dólares por mes en concepto de «indemnización» más otros 300 dólares en combustible, pese a que casi cuatro años las obras están paralizadas. En agosto de 2015, cada uno recibió un pago único de 16 mil dólares.

El subsidio se sigue otorgando porque, según Gas Sayago, las obras pueden ser retomadas en cualquier momento.

Algunos de estos beneficiarios, comprobó la comisión, ni siquiera tenían permisos de pesca ni operaban en la zona afectada por la regasificadora.

El informe al final del trabajo de la Investigadora detalló las pérdidas económicas que ha supuesto para el Estado el fallido proceso de construcción de la planta regasificadora.

Los últimos datos disponibles indican que son 177 millones de dólares los que el Estado tiene hasta ahora, comprometidos en el fallido proyecto, y que aparecen reflejados como pérdida en el Balance 2017 de Gas Sayago.

Es que, de los 100 millones que pagó la multinacional GNLS en setiembre de 2015 al abandonar las obras de construcción, quedaban en caja al final del último ejercicio apenas 36 millones, por diversas obligaciones que la empresa ha ido contrayendo.

Entre ellas el propio sostenimiento de Gas Sayago, que el año pasado significó erogaciones por US$ 10 millones.

Ese es el único activo monetario que le queda, y al que hay que descontarle los 42 millones de dólares que UTE y Ancap aportaron como capital inicial, junto a los 155 millones que fueron incluidos como pasivo al cierre del año pasado.

La cifra termina de cerrar con los 13 millones de dólares de los que el consorcio no puede disponer, ya que están embargados por OAS. La constructora brasileña estaba encargada del gasoducto subacuático terminó demandando al Estado por 30 millones al ser desafectada de la obra.

Fuera de lo consolidado en el balance, las arcas públicas arriesgan otros 30 millones por la deuda que OAS dejó ante decenas de empresas subcontratistas uruguayas.

Varias de ellas ya entablaron demandas civiles contra el Estado, al ampararse en la garantía soberana en la que, con la firma del entonces presidente José Mujica, el gobierno se hizo responsable solidariamente de cualquier eventualidad que surgiera en el proceso.

LA REGASIFICADORA TIENE QUIEN LA DEFIENDA.

El presidente de la Comisión Investigadora, el diputado socialista Roberto Chiazzaro, dijo en su momento,  a La República que “quedó claro que OAS era la empresa que reunía las condiciones entre las cuatro que participaron de la licitación”.

“Era tan clara la primacía de la calidad de la cuota de GNLS que hubo un proceso de acelerar el trámite para que no se filtrara ninguna información en el sentido de que la empresa no tuviera conocimiento de que era la única que cumplía, porque de ser así ellos podían tener una posición de sacar ventaja”, agregó el legislador.

Chiazzaro expresó también que debe tomarse en cuenta que la licitación se realizó en base a pliegos y todos los partidos estuvieron de acuerdo. “Todos los gerentes de ANCAP como de Gas Sayago tuvieron acceso a la información”.

“Además ninguna de las empresas que resultaron rechazadas cuestionó la decisión del fallo. Hay que entender que no se continúa con la obra por otros motivos como la baja del precio del petróleo”, afirmó.

Dijo que en su momento Enrique Antia (director nacionalista en UTE) expresó que “no estaba de acuerdo porque no tuvo tiempo de analizar los pliegos de licitación, pero después firmó los contratos, por lo que al final dio su aval”.

“No hay irregularidades”

“Hasta ahora no hemos podido constatar ninguna irregularidad. No han presentado pruebas claras o elementos que digan o demuestren irregularidades”, afirmó el legislador.

Dijo que existe otro elemento referido a que “con el diario del lunes se puede decir GNLS contrató a OAS, siendo esta la que provocó el cese de las obras, y en realidad nadie podía prever eso. Por lo cual no hay sustento para alguna irregularidad”.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala asegura en su denuncia que “el Estado uruguayo ha perdido 65 millones de dólares, como consecuencia de las capitalizaciones realizadas por UTE y ANCAP, los pasivos asumidos por Gas Sayago, los trabajos de geotecnia y de ingeniería, los gastos asociados a los mismos y los gastos de funcionamiento desde el año 2011”.

LA OPINIÓN DE CAROLINA COSSE CUANDO ERA MINISTRA DE INDUSTRIA, SOBRE EL TEMA.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, expresó ante el Parlamento que el proyecto de construcción de la regasificadora en Punta de Sayago, no ha tenido pérdidas, y que en la zona se concretaron todas las propuestas sociales a las que se había comprometido el gobierno.

Cosse compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento, a instancias del legislador nacionalista Pablo Abdala.

La convocatoria fue para que la secretaria de Estado se refiriera a los avances del proyecto para la construcción de la terminal de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Punta de Sayago.

La jerarca de gobierno también fue consultada por el ajuste de tarifas de servicios públicos y  el fideicomiso y obra del proyecto ANTEL-Arena.

Sobre la regasificadora, dijo que el proyecto no ha tenido pérdidas. “El Estado no ha tenido pérdidas, ha generado activos por unos 200 millones de dólares”.

Remarcó que en la zona “se concretaron todos los proyectos sociales a los que se había comprometido la administración”.

En referencia al ANTEL-Arena dijo que el complejo multimodal generará ingresos “por una gran cantidad de tráfico en las redes de comunicaciones”.

Por otro lado, Cosse fue consultada por la “intervención” de ANCAP. Ante lo cual respondió que el gobierno no está interviniendo al ente autónomo. “Estamos trabajando en equipo con ANCAP para desarrollar su línea de negocio”.

Discrepancias

Por su parte, Abdala dijo que la firma Gas Sayago fue creada para “impulsar el proceso de construcción de la planta y para realizar los estudios de suelo y de ingeniería de la obra y no hizo nada en cinco años”.

“Es una empresa que le ha costado a los uruguayos varias decenas de millones de dólares”, criticó Abdala.

Entretanto, el senador colorado Pedro Bordaberry expresó que nunca había visto una presentación “más pobre como la que hizo Carolina Cosse en la Comisión Permanente”.

“Nunca vi una ministra que llegue al Parlamento y no conteste nada. Me preocupa como uruguayo, no como legislador, me preocupa que venga con esta pobreza de respuestas a contestarle al Parlamento Nacional, me impresiona”, sentenció.

EL PIT CNT DECÍA EN SU MOMENTO QUE ESTA OBRA NO SE CONCRETABA POR UNA «CAMPAÑA PERIODÍSTICA EN CONTRA»

El PIT-CNT, a través del Instituto Cuesta-Duarte, y la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS), considera que si no se construye la regasificadora en Punta de Sayago, es  por “decisiones políticas” o, incluso, “una campaña periodística”.

.Decisión política

El sindicalista de Alejandro Acosta remarcó que el movimiento sindical considera necesario debatir sobre la trascendencia que tiene para el país la regasificadora, en cuanto a las fuentes de trabajo, el abaratamiento del combustible, y los actuales y potenciales clientes.

El dirigentes sindical también destacó los importantes “ahorros en los costos de energía para usuarios e industrias”.

“Si no se realiza la regasificadora no es porque no hayan motivos, porque sobran los motivos, sino por decisiones políticas o, incluso, una campaña periodística”, dijo Acosta según así lo consignó el portal del PIT-CNT.

El dirigente gremial dijo que intención del debate es que participen autoridades relacionadas con la temática y legisladores.

“Es importante que dejemos de jugar a las campañas políticas, porque acá hay diputados de la oposición que viven planteando que no se puede hacer la regasificadora”, cuestionó.

 

 

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