En Argentina, se terminó el recreo, los alimentos básicos subieron un 10, 5%.

Los alimentos básicos se encarecieron hasta un 10,5% desde el 1 de enero en los mercados argentinos. Finalizada la supresión temporal del IVA que ordenó en agosto el entonces presidente Mauricio Macri,  el nuevo Gobierno ha acordado con productores y distribuidores una absorción parcial del impuesto por parte de las empresas, con el fin de que el consumidor no tenga que encajar una subida del 21%. El presidente Alberto Fernández  dijo confiar en que el sector alimentario contuviera los precios: «Sería bueno que los empresarios asumieran responsabilidades sociales frente a las ganancias desmedidas, porque lo contrario es que intervenga el Estado».

El IVA vuelve a aplicarse desde el 1 de enero. Ante el temor a una avalancha más o menos descontrolada de aumentos, el Gobierno negoció el 31 de diciembre con productores y grandes supermercados una absorción compartida del tributo. Como promedio, las empresas asumirán dos tercios del IVA, es decir, un 14%, y los consumidores un 7%. Hay excepciones: los aumentos del aceite de girasol y el pan rallado se encarecerán hasta un 10,5% para el público, mientras los lácteos no deberían subir nada: las empresas, encabezadas por La Serenísima y La Paulina, aceptaron absorber íntegramente el 21% del impuesto y no tocar sus precios.

Está por ver si el acuerdo se cumplirá o irá deshaciéndose con el transcurrir de las semanas. Quien no lo respete no sufrirá ninguna sanción y se teme que los pequeños autoservicios hagan caso omiso de lo pactado por las grandes superficies. En cualquier caso, el Gobierno asegura que hará un seguimiento diario de la evolución de los precios. El retorno del IVA no debería impactar de forma grave en la inflación (que en el apartado de alimentos y bebidas ronda el 4% anual) ya que los productos básicos no inciden de forma significativa en el Índice de Precios al Consumo.

Con las pensiones congeladas (salvo las más bajas) y la canasta básica de alimentos aparentemente controlada, el Gobierno afrontará un tercer factor potencialmente inflacionario: los salarios. Alberto Fernández pidió el jueves a los sindicatos que fueran moderados en la negociación de las paritarias o convenios salariales sectoriales. «Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de que los empresarios no vuelvan a abusar de quienes trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute en la economía», dijo.

Y COMO TE DIGO UNA COSA,…TE PUEDO DECIR LA OTRA.

A mitad de 2018, la Justicia argentina dictaminó que Alberto Nisman fue asesinado. La Cámara Federal de Buenos Aires, un tribunal de segunda instancia, consideró probado que al fiscal lo mataron de un tiro en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015. Vinculó el crimen a su trabajo al frente de la investigación del atentado contra la mutual judia AMIA que causó 85 muertos en 1994 y a la denuncia por presunto encubrimiento contra la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner,  pero no halló sospechosos. Parte de la sociedad argentina desconfió de ese fallo, a los que ahora se suma el presidente del país, Alberto Fernández. «Las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato»,  dijo Alberto Fernández este miércoles al diario argentino Clarin.

Su postura se aleja de la que tenía en 2017, cuando fue entrevistado para para la miniserie documental, El fiscal, la presidenta y el espía,   recién estrenada en Netfix. «Hasta el día de hoy dudo de que se haya suicidado», dice ante la cámara. A cinco años de la muerte de Nisman, el documental reabre la polémica alrededor de un caso que divide a los argentinos y sobre el que no han dejado de circular teorías conspirativas.

Una de las evidencias para que la Justicia determinase que fue un homicidio fue el peritaje de la Gendarmería, la fuerza policial militar de Argentina, cuestionada hoy por el Gobierno peronista. Fernández sostiene que «parece carecer de todo rigor científico».  La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ha ido aún más lejos y pide su revisión, lo que ha generado duras críticas de opositores como su predecesora, la macrista Patricia Bullrich, y de familiares de la víctima.

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