El sueño de todo dictador, poseer milicias armadas para mantenerse en el poder.

Evo Morales lo tiene claro: si regresa a Bolivia organizará milicias armadas a imagen y semejanza de las existentes en  Venezuela,  como mejor antídoto para no perder el poder. La confesión del líder indígena ha provocado la repulsa inmediata tanto del Gobierno provisional como de los dirigentes que encabezaron la rebelión popular contra el fraude electoral orquestado el 20 de octubre.

«Si volviera a Bolivia o alguien vuelve hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo», ha adelantado el ex presidente en un audio hecho público por Kawaschun Coca Trópico, una radio de los cocaleros de Chapare, uno de los bastiones de la revolución indígena y del Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Mucho nos hemos confiado. El error garrafal [fue que] no teníamos un plan B», ha reconocido Morales en relación a su renuncia, provocada por una cadena inesperada de acontecimientos tras el «apagón» de la noche electoral. A la revuelta popular, muy fuerte en Santa Cruz y Potosí, se le unió la rebelión de los policías de Cochabamba y del resto del país, que precedieron a la confirmación, hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA), de que el 20-O se había producido un fraude electoral. Evo comenzó a perder apoyos de inmediato, incluido el de los militares, cuyo comandante en jefe «sugirió» su renuncia. Su dimisión puso punto final a casi 14 años de presidencia.

Este desenlace confirmó que Evo no lo tenía todo atado y bien atado, como sí sucede en Venezuela. La milicia bolivariana, cuya cifra real se desconoce pero que Maduro asegura está conformada por dos millones de revolucionarios, es uno de los poderes que sostiene al ‘hijo de Chávez ‘ pese a carecer de apoyo popular.

Los milicianos son civiles armados por el Gobierno que provienen de sus bases: afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consejos comunales y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, sin preparación y que perciben un salario mínimo. El chavismo los utiliza actualmente en tareas de orden público, como vigilar hospitales, supermercados, hasta el Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos mortales de Hugo Chávez. Otra de sus funciones es la de engordar las concentraciones oficialistas, labor que en la actualidad comparten con grupos evangélicos.

Otro tipo de milicianos radicales son los llamados colectivos, protagonistas de buena parte de la violencia durante las dos décadas de revolución. Estos paramilitares, enquistados en los bastiones chavistas de las zonas populares, tienen licencia para golpear a manifestantes, una de sus principales tareas, incluso para usar sus armas contra ellos. En su nómina destacan decenas de asesinatos.

La reacción de Jeanine Añez ,  presidenta provisional, resume la repulsa de buena parte del país: «Las declaraciones de Morales sólo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él. Ante la intención de sembrar terror y violencia sólo encontrarán al pueblo boliviano unido. Frente a las amenazas, nuestra más profunda vocación democrática».

La canciller Karen Longaric tampoco se ha ahorrado las críticas al líder del MAS, al calificar su propuesta como «terrorismo, violación de derechos humanos y narcotráfico», y reclamar el repudio internacional. El ex mandatario, que dirige la precampaña electoral de su partido desde su refugio de Buenos Aires, tiene tres denuncias en su contra, incluida la de ordenar el asedio de las ciudades y dejarlas sin alimentos ni combustible.

«Primero quiso cercar las ciudades y ahora sugiere armar grupos irregulares y violentos para enfrentar a los bolivianos y a la Fuerzas Armadas. Estas amenazas recurrentes muestran las verdaderas intenciones de Morales», ha atacado Carlos Mesa, el ex candidato que le confrontó en los comicios del año pasado.

Las críticas han trascendido al actual oficialismo, porque incluso el sector moderado del MAS ha mostrado su rechazo. «No me parece adecuado porque estamos tratando de salir de un momento difícil», ha declarado Eva Copa, presidenta del Senado, quien no obstante quiso justificar a Morales arguyendo que ni los policías ni los militares le dieron seguridad en su momento.

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