El martes en una teleconferencia, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic con los miembros de la Comisión de Seguridad Interior de Diputados admitió la existencia de esos equipos policiales, luego de la polémica que se abrió por el allanamiento a la casa en Oberá del secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, por la supuesta difusión de noticias falsas sobre el coronavirus que culminó con el secuestro de su celular y computadora que fue detectado por la policía de Misiones.

En un comunicado oficial emitido luego de la teleconferencia, Frederic confirmó que dentro de las tareas preventivas que se encuentra realizando el ministerio durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus, se busca “la prevención de delitos promovidos según el “humor social”. La ministra explicó que “esas lecturas permiten detectar tendencias y patrones que posibilitan anticipar problemas criminales que pueden afectar la seguridad interior». «Es una tarea estrictamente preventiva. Si se identifican casos de interés que pueden derivar en la comisión de algún delito (como saqueos) se realizan las denuncias y presentaciones correspondientes en la Justicia para que se tomen las medidas que determine el poder judicial”, agregó.

Luego, Frederic –quien viene del campo de los Derechos Humanos y al principio del Gobierno protagonizó una polémica por ordenar una revisión del peritaje de Gendarmería que determinó que el fiscal de la AMIA Alberto Nisman fue asesinado- dijo que hay personas que “aprovechan la situación de encierro para delitos como el grooming que afecta a niñas, niños y adolescentes” en Twitter, Facebook u otras redes sociales.

Además, aclaró que el ministerio no almacena información de usuarios ni de personas, sino que, “cuando se detecta la posible comisión de un delito se procede a realizar la denuncia ante el Poder Judicial”. Voceros del ministerio consultados por la prensa también afirmaron que «no hay espionaje ni nada que se le parezca» sobre control sobre el espacio público de las redes sociales.

La ministra aseguró “no se trata de invadir la vida privada de nadie ni afectar la libertad de expresión y opinión. Nuestra función como ministerio es conocer las tensiones y las prácticas que pueden alentar la comisión de delitos. Esas prácticas son denunciadas ante el Poder Judicial para que éste decida qué hacer”. “Hacer ciberpatrullaje es estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos. Incluso, es necesario prevenir el grooming. Si observamos que en el mundo se registran cada vez más delitos mediante estos dispositivos, es necesario que el Ministerio analice cómo se alientan o producen”, concluyó.

Luego de la teleconferencia se abrió un intenso debate sobre esta medida sin precedentes. El titular del Bloque de la UCR, Mario Negri, remarcó que el Gobierno «debe prevenir delitos pero de ninguna manera violar la Constitución yendo contra la libertad de expresión».

Alvaro De Lamadrid (UCR – CABA), vicepresidente de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, señaló que “es grave estar haciendo ciberpatrullaje para mediar y auscultar el humor social. La pandemia y su excepcionalidad no están por arriba de la Constitución Nacional”.

Por su parte, Gustavo Menna, (UCR – Chubut), vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que lo que está haciendo el Gobierno “no es ni más ni menos que control sobre la libertad de pensamiento y opinión de las personas y una actividad de inteligencia política prohibida por ley. Es incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se pretenda patrullar el humor social en las redes”.

“La Ministra de Seguridad habló de ciberpatrullaje para medir el humor social. Es grave que se haga inteligencia y seguimiento a la privacidad de las personas de situaciones que no configuran delitos sino sólo estados de ánimo”, agregó Luis Petri (UCR – Mendoza). “Si sabremos en Santa Cruz del ciberpatrullaje. No lo usan solo en tiempos de pandemia, el Consejo Provincial de Educación ha llegado a sancionar o sumariar a los docentes por un ´like´o una opinión contaría al gobierno en redes sociales. Los K no cambian en la pandemia, se muestran”, dijo por su parte Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz).

“Cuando les ventilan un hecho de corrupción y la sociedad los repudia, anuncian que van a espiar por las redes sociales y la creación de un nuevo impuesto para asfixiar a la clase media y lo llaman Patria, como la ‘empresa’ de Cristina”, ironizó Gonzalo del Cerro (UCR – Santa Fe).

A su vez, la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, le advirtió a la ministra Frederic que “no promueva la autocensura de los ciudadanos, la libertad de pensamiento y de expresión son derechos constitucionales”. Mientras que su compañera de bloque, María Luján Rey, comentó que “si el ciberpatrullaje de la ministra hubiera servido para actuar contra quien amenazó a Carolina Píparo (en las redes) uno entendería que buscan perseguir el delito…como eso no sucedió, lo que se entiende es que se trata de una persecución a la libertad de expresión! Grave!!!”

En 2017 los relatores de la libertad de expresión de la ONU, la OEA y otros organismos internacional en una declaración conjunta sobre el tema de las fake news advirtieron que «resulta preocupante que los gobiernos utilicen el fenómeno de las llamadas noticias falsas o ‘fake news’ como una excusa para censurar a la prensa independiente y suprimir el disenso«.

Los relatores especiales explicaron que los esfuerzos estatales y del sector privado para enfrentar la desinformación y propaganda “corren el riesgo de suprimir la libre circulación de ideas y el disenso, de forma contraria al derecho internacional de los derechos humanos».

Además, recordaron la responsabilidad legal de los intermediarios (Google, Facebook, Twitter, TikTok y muchas otras plataformas) en la circulación de noticias falsas.

Los relatores enumeraron, recordó el especialista en medios José Crettaz, como únicas razones válidas para limitar la libertad de expresión «la apología del odio por motivos protegidos que constituya incitación a la violencia, discriminación u hostilidad» y definieron que «las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ (‘fake news’) o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión (…) y deberían ser derogadas”.

Además, también el diario digital “Periodismo y Punto” advirtió por un sitio abierto por la agencia oficial de noticias Télam para distinguir “fake news” (falsas noticias) con un sistema de chequeo de datos, imágenes o videos que se difunden por internet.

Dice Télam que “si en medio de la pandemia recibís una noticia que te genera dudas, podés chequear su origen o fuente en esta caja de herramientas. Utilizá el link de la imagen, el video, el posteo difundido en redes o el usuario que lo comparte, y comprobá que sea información verdadera. Hacelo antes de compartirlo y no contribuyas a la infodemia”. Hasta ahí todo bien, pero luego se solicita “enviar consulta a la agencia Télam” con los datos del denunciado.

Paralelamente, en las redes sociales se armó un hashtag #nomevanacallar porque temen que los militantes K usen los datos que obtengan las fuerzas policiales o Télam contra los críticos del Gobierno en las redes sociales para hostigarlos.

En base a artículo publicado en Clarín.