El enojo de muchos argentinos ante la decisión de favorecer la salida de prisión de condenados por causas graves.

La determinación judicial de favorecer las salidas de prisión de presos generó un fuerte debate público. Si bien las autoridades aseguraron que la decisión de proteger la vida de reclusos frente a la pandemia del coronavirus no daría beneficios a condenados por delitos violentos, trascendieron varios casos de asesinos y acusados de abusos sexuales que en los últimos días volvieron a sus domicilios para cumplir allí sus penas.

Esa preocupación social quedó reflejada en el testimonio de la familia de Juan Pedro Tuculet, asesinado en marzo de 2013. Los padres y hermanos del joven rugbier de Los Tilos transmitieron con una fotografía compartida en las redes sociales su pedido de que no sean liberados los dos homicidas condenados. «Prefiero no dar declaraciones, con publicar la foto consideramos que hicimos lo correcto», dijo Gastón Tuculet, el padre de la víctima.

La inquietud de los Tuculet es compartida por muchos. Es que el beneficio judicial ya alcanzó a quienes purgan condenas por delitos violentos. Uno de esos episodios causó conmoción en Mar del Plata al conocerse el permiso obtenido por Héctor Julián Barroso, sentenciado por dos homicidios de mujeres antes de que se incorporase la figura penal del femicidio.

Juan Pedro Tuculet fue asesinado en 2013; su familia pide que los presos cumplan su condena
Juan Pedro Tuculet fue asesinado en 2013; su familia pide que los presos cumplan su condena.

Barroso, de 62 años, fue condenado por los asesinatos de Analía Fuschini, de 19 años, y de Verónica Juárez Roger, de 29, a las que mató por estrangulamiento entre agosto y diciembre de 2004. La Justicia lo condenó a 30 años de prisión, que por buena conducta se redujeron a 25, por lo que debía salir de la cárcel de Batán en forma definitiva en diciembre de 2029.

Fuentes judiciales confirmaron que al recluso no se le colocó tobillera electrónica por falta de disponibilidad de equipos y que se lo monitoreará mediante un sistema de videollamadas.

Actualmente, el sistema de monitoreo electrónico cuenta con 2000 tobilleras para controlar a los procesados o condenados con prisión domiciliaria. Debido a la resolución de la Cámara de Casación Penal bonaerense que aceptó el habeas corpus colectivo presentado por los defensores oficiales de los 18 Departamentos Judiciales de la provincia, aumentó notablemente la cantidad de solicitudes de dispositivos para controlar el cumplimiento de la medida alternativa al encierro en la cárcel.

En los casos en los que se aceptó el pedido de la prisión domiciliaria, el beneficio se concedió sin el dispositivo de monitoreo a distancia. Al preso que recibió este beneficio le alcanzó con la presentación de dos garantes y el compromiso de que cumplirá con las condiciones fijadas por el juez o el tribunal.

Ese escaso control sobre los condenados o procesados quedó expuesto ayer en el barrio porteño de Almagro, donde un hombre fue atrapado luego de robar una heladería.

«Qué me importa que me lleven preso, ayer salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus, llevame, igual mañana me voy de nuevo», gritó el detenido al ser apresado. En un bolsillo llevaba un oficio judicial por el que pudo comprobarse que había sido liberado un día antes. Tiene cinco condenas y un proceso abierto por robo.

También los vecinos de Luján se consternaron al enterarse de que había sido excarcelado en estos días a Nicolás Caro, condenado en 2015 por el asesinato de Agustín Cantello durante un robo.

Acusados por violaciones son otros imputados que lograron salir de prisión. Antonio Armando Di Palma, de 57 años, estuvo seis meses detenido, acusado de abuso sexual agravado. Un Tribunal Oral de San Martín y un juez de la Cámara Penal de ese Departamento Judicial lo beneficiaron con la prisión domiciliaria. Los jueces le concedieron ese permiso con la condición de que cambie su domicilio y se instale lejos de la casa de la víctima, en San Miguel. Se trata de uno de los casos denunciados por el intendente Jaime Méndez.

Pedro Olmos había sido el primer imputado por una agresión sexual grave que logró salir de prisión. Olmos está acusado de violar a una niña, de 13 años, en la localidad de Villa Centenario, en Lomas de Zamora, y cumplirá la prisión preventiva a pocos metros de la casa de la víctima.

En varias provincias se repite la situación de excarcelaciones de personas condenadas por delitos violentos. Ese beneficio obtuvo el exjuez Walter Sinesio Moreno, quien está condenado a prisión perpetua por el homicidio de un comerciante en 2008, en la localidad riojana de Villa Unión. El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional número 2 de La Rioja autorizó a Moreno la prisión domiciliaria para que el recluso pueda «realizar un tratamiento de ozonoterapia» en una clínica privada.

En Mendoza fue beneficiado con la prisión domiciliaria Diego Arduino, condenado a 16 años de prisión por el crimen de Alejo Hunau y quien por padecer una enfermedad respiratoria y considerarse parte del grupo de riesgo frente al Covid-19 había solicitado la prisión domiciliaria, situación que fue aceptada no solo por el tribunal, sino también por la madre de la víctima.

«Si no hay justicia tendremos que salir a cazar gente. No queda otra»

La frase fue pronunciada por el papá de un niño bahiense de 9 años, que fue abusado a los 7 por un catequista y policía llamado José Luis Andersen , quien cumple una condena de 20 años que no está firme y, según el progenitor de la víctima, ahora pide que le concedan el beneficio para salir de la cárcel.

«Esto tomó un tinte que es una locura total. Yo creo que esto se va a complicar mucho. Como yo, hay muchos padres, tíos, abuelos que nos vamos a juntar. Esto es un aviso para los jueces, fiscales, para todos, porque van a tener que abrir el ojo. Es horrible esto que voy a decir: en los tiempos de los militares, había cuadrillas de civiles que salían a cazar gente. Y si no hay justicia, tendremos que salir a cazar gente . No queda otra», agregó con crudeza.

Andersen, quien se desempeñaba como ministro de la eucaristía en una capilla dependiente de la parroquia San Roque y también cumplía funciones como teniente primero en la Seccional 2ª de Bahía Blanca, fue condenado el 10 de septiembre de 2018 a la pena de 20 años de prisión en el Tribunal en lo Criminal Nº 3. Los hechos por los que se lo condenó ocurrieron entre junio y agosto de 2017, dentro de la casa de la familia de la víctima. El niño tenía 7 años al momento de sufrir los abusos.

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