Cuando Carlos Moreira pisaba fuerte en el parlamento uruguayo. El caso Pluna.

El dirigente político, Carlos Moreira, hoy en el ojo de la tormenta por audios que se viralizaron donde se presume podría otorgar una pasantia a cambio de favores sexuales, fue senador de la República en el periodo 2010-2015. Moreira fue quien llevó adelante una interpelación a figuras importantes del gobierno del Frente Amplio, por esa interpelación y en base a los datos recabados por quien era en ese tiempo senador, los uruguayos nos enteramos de una trama de corrupción que terminó con los procesamientos de un Ministro de Economía, Fernando Lorenzo y un Presidente del Banco Central, Fernando Calloia. La interpelación que efectuó Moreira sirvió para que los uruguayos nos enteráramos de los negocios y negociados que rodeaban a una empresa que históricamente había sido deficitaria  y que hasta hoy, a pesar de que hace años dejó de funcionar seguimos pagando deudas contraídas en aquella época. Este error de Moreira, nois priva hoy a los uruguayos de poder contar con un parlamentario de fuste, que no le tembló la voz a la hora de denunciar la corrupción. Una pena, parlamentarios así no abundan en nuestro sistema político, siempre dispuestos a mirar al costado sin comprometerse demasiado.

Informe de prensa del día 29/10/2012. Primera interpelación de Moreira sobre el caso Pluna.

Desde las 10 de la mañana se viene llevando a cabo la interpelación que el senador nacionalista Carlos Moreira realiza a los ministros de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo y el de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado.

Moreira adelantó que la interpelación de habrá de basar en cinco temas fundamentales: el cierre de Pluna, el total de las deudas, la posible corrupción e irregularidades en la gestión de LeadGate, las dudas de la subasta de los aviones y las posibilidades de salida.

Desde la oposición se tiende un manto de sospecha sobre todo lo actuado, en tanto desde el Frente Amplio se considera que este no es el momento mejor para la interpelación, ya que las negociaciones están en plena marcha y se tiene la absoluta certeza de la transparencia y honestidad sobre los ministros interpelados.

A todo esto, la única oferta manejable y vigente es la de Carlos Molinari, el empresario argentino que cree que podrá mantener toda la plantilla (más de 700 empleados) y los siete aviones. En su plan de negocios de 15 páginas plantea una absorción progresiva. Este verano usaría cuatro aviones y los funcionarios irían ingresando de a poco, a medida que se vayan creando las necesidades. También pidió precios preferenciales para combustible.

El presidente Mujica viene insistiendo en que «son pocos» los empresarios que quieren ingresar al negocio aeronáutico porque «no es rentable». El modelo, entonces, podría ser a costo estatal. Por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández decidió solventar Aerolíneas Argentinas y el resultado ha sido exitoso pero caro: pierde $13 millones por día. Cada pasajero le cuesta al Estado 720 pesos argentinos, unos 150 dólares.

 

(Fernando Lorenzo, ex Ministro de Economía)

Segunda interpelación, 08/08/2013.-

Comenzó a media mañana de este jueves y terminó cerca de la hora 20. La oposición reclamó responsabilidad de los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte) por lo que, entienden en los Partidos Nacional y Colorado, fue la mala gestión de ambos jerarcas en el caso Pluna.

El senador blanco Carlos Moreira había citado también al presidente del Banco República, Fernando Calloia, pero el funcionario se excusó en que su caso está en la Justicia y que por ello no podía hacer declaraciones en el Parlamento.

Moreira y el Partido Nacional denunció ante la Justicia del Crimen Organizado a Calloia y a los ministros por el cierre de Pluna hace un año y por el aval que se le otorgó a la empresa española Cosmo para comprar los aviones de la aerolínea. La Justicia aún no se expide por este caso.

Blancos y colorados cuestionaron al gobierno por los millones de dólares que perdió el Estado con Pluna, antes y después del cierre de la compañía luego que rompió la sociedad con el inversor privado Leadgate.

El debate fue duro, los ministros reiteraron que las explicaciones ya las habían ofrecido en la interpelación anterior, también de Moreira.

Al final el Frente Amplio aplicó su mayoría absoluta y aprobó una moción de respaldo a los ministros.

(Fernando Calloia,  ex Presidente del BROU)

Los procesamientos 22/12/2013.

El pedido de fiscal Juan Gómez por el que fueron procesados los gerentes de Leadgate, el escribano que subastó los siete aviones de Pluna y por el que se pidió el procesamiento del ex ministro Fernando Lorenzo y el presidente del BROU, Fernando Calloia señala que hubo «oscuridades» desde el inicio de la intervención de Leadgate y que el gobierno no controló lo suficiente al menos hasta el año 2010.

En el documento Gómez pide procesar con prisión a los gerentes de Leadgate por un delito continuado de estafa, a Fernado Calloia y el ex ministro Fernando Lorenzo por un delito de abusos de funciones y al escribano que participó en la subasta de los siete aviones de Pluna, por un delito de certificación falsa.

La trama Plunagate.-

Según relata la vista fiscal, como en la licitación para elegir un socio de Pluna no se requería que se presentaran empresas del rubro navegación aérea, los gerentes de Leadgate crearon una empresa en Panamá.

«Adquirieron en la República de Panamá la sociedad denominada Leadgate lnvestiment Corp, inscripta en el Registro Público de Panamá el 28 de dieciembre de 2006 poco tiempo antes de ser seleccionada por FICUS CAPITAL para el emprendimiento. Dable es señalar, que ya desde el principio, la mencionada empresa inicia una serie de oscuridades, que se mantendrán hasta el final de su actuación, toda vez que la constitución de garantía por el mantenimiento de la oferta, que se sitúa en dos millones de dólares, fue en definitiva prestada por Leadgate S.A., empresa distinta, de propiedad exclusiva de Campiani», señala el documento.

Si bien el fiscal reconoce la difícil situación en la que se encontraba el Poder Ejecutivo por la quiebra de Varig y los problemas de conectividad que esta trajo, entiende que los controles no fueron suficientes: «Los controles que debían ejercer tanto los Directores de Pluna Ente Autónomo, como los de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, al menos hasta el año 2010, no fueron suficientes, lo que impidió una exacta consideración sobre la forma en que se desarrollaba la operativa de Pluna S.A».

En ese sentido, señala que los socios privados tenían mayoría y que desde mediados de 2010 las decisiones se tomaban sólo con los votos de los empresarios. El fiscal señala que los tres procesados tenían la finalidad de remodelar la empresa, hacer crecer su valor, para luego venderla.

«Para conseguir tal objetivo era necesario presentar balances que no respondían a la realidad, hacerlos tardíamente, retacear la información a los directores públicos y contratar consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados, como las realizadas por el Dr. Ricardo Olivera en el mes de abril de 2011», señala el documento.

«Comenzaron a gestionarse préstamos garantizados por la venta de pasajes, primero en el Uruguay, luego en la República Argentina, para finalmente gestionar un préstamo en la República Federativa del Brasil, por treinta millones de dólares con la opinión contraria de los directores públicos, que unido a la ya mencionada venta de los activos fijos, ilustra con claridad las dificultades que cursaba la empresa, negada por los indiciados, quiénes persistian en su propósito de conseguir un comprador», agrega el fiscal.

En ese marco es fiscal advierte la creación de «una compleja ingeniería de empresas» que eran utilizadas para modificar balances y transferir fondos desde Pluna a las otras empresas.

«La Fiscalía considera asimismo, que las estratagemas cumplidas por los indagados también se objetivizan en uso de empresas subsidiarias a PLUNA S.A., EASTERN JET 1 y 2, con importantes transferencias de fondos, que permitían luego la facción de balances consolidados; o el manejo en la República Argentina de las empresas AEROVIP Argentina, SAS S.A., creando una compleja ingeniería de empresas, les permitió girar fondos hacia ellas, por PLUNA S.A. (…) incrementando notoriamente los gastos de la propia PLUNA, en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas por ellos manejadas. A juicio del suscrito no es de recibo, bajo ningún concepto, la citada operativa, que pauta las oscuridades que se visualizaban desde el incio de la intervención de Leadgate», señala el documento. «Llama poderosamente la atención el uso de empresas con nombres similares, al igual que en las originarias Leadgate lnvestiment Corp y Leadgate S.A., que sin duda inducen a confusión, presente en la propia denuncia del Partido Nacional que refiere como empresa denunciada a Leadgate S.A. llustra sobre esa ingeniería de empresas también las circunstancias de que documentaciones o giros que debían efectuarse en favor de algunas de ellas, aparecieran en la contabilidad de otras», agrega.

Otro de los puntos tratados por el fiscal es el hecho de que en reiteradas ocasiones los ahora procesados intentaban vender sus acciones en Pluna, reforzando el interés por presentar la empresa como con funcionamiento regular, mientras que por otro lado incrementaban sus deudas.

Ya con cierta indignación, el fiscal da cuenta de los salarios y los bonos cobrados: «es bueno señalar que el manido argumento manejado por (uno de los indagados) que aportó treinta millones de dólares y se retirÓ con un dólar es absolutamente falso. Basta decir que como gerente percibían un salario de decisiete dólares mensuales, gozaban de importantes gastos de representación, cobraron un bonus de treinta y ocho mil dólares por la presunta buena gestión desarrollada en el año 2011, cuando ya habían iniciado lo que podremos catalogar como «calesita» con los cheques destinados al pago de ANCAp, recibieron pagos reparatorios por parte de PLUNA Ente Autónomo por mas de seiscientos dieciocho mil dólares y ello como mínima expresión de las irregularidades, que pese a la urgencia de este dictamen no pueden dejar de señalarse».

La deuda con ANCAP

Hasta diciembre 2010 la empresa cumplió con los acuerdos con ANCAP establecidos en 2008 pero después de allí, empezó a pagar en diferido e intentado a través de cambios en las fechas de los cheques «inducir a error» a los funcionarios de ANCAP, además de librar varios cheques sin fondos.

«No cabe duda alguna de que Pluna SA carecía de los fondos necesarios para cubrir los cheques reseñados, que fueron devueltos luego de que la empresa solicitara concurso, en algunos casos únicamente por la demora de ANCAP en presentarlos al cobro. No obstante ello, la Fiscalía considera que tanto por la forma de creación, la clandestinidad de sus entregas, sin ninguna comunicación con los Directores de Ancap cuando se variaba aspectos sustanciales de lo acordado, constituyen una de las tantas maniobras cuyo reproche pretenderá la Fiscalía», agrega el documento.

El papel desempeñado por Lorenzo y Calloia.-

En cuanto a la participación del ex ministro Lorenzo y el presidente del Banco República en un delito de abuso de funciones, el fiscal Gómez señala que luego de la creación del fiedicomiso para la colocación de los siete aviones Bombardier CRJ 900, y la primer remate que fue suspendido por falta de oferentes, el ministro de Economía se comunicó telefónicamente con Calloia para que facilitara el aval necesario para presentarse al remate que se realizó el 1º de octubre de 2012.

«El lunes 1º de octubre de 2012, fecha de la subasta, aproximadamente al mediodía elSr.Ministro Fernando Lorenzo se comunicó telefónicamente con el presidente del Banco República, Fernando Calloia expresándole – según sus dichos – que el Sr. López Mena había manifestado que acercaría a una empresa, y que «Si ello ocurría, le estaba solicitando al BROU, que hiciera los máximos esfuezos que tuviera a su alcance para emitir ese aval en particular», dice la vista fiscal.

El documento cuenta que Herán Calvo Sánchez se presentó cerca de la una de la tarde en la sucursal de Ciudad Vieja en representación de la aerolínea Cosmos y se le dio el aval, siendo Calvo el único oferente por 137 millones de dólares.

«El 3 de octubre son fotografiados almorzando en un restaurant de la Ciudad Vieja, el Ministro de Economía, el empresario López Mena, el español Calvo y otras dos personas, desencadenándose en consecuencia el escándalo social, gremial y político de público conocimiento», recuerda el fiscal.

Tras el incumplimiento de la garantía de Cosmos, el empresario López Mena envió una carta al presidente del Banco República, señalando que se haría cargo de la deuda, la carta fue escrita el 4 de marzo de este año.

Ante la sede, Lorenzo dijo que conoció el nombre de la empresa que llevaría López Mena el mismo día de la subasta y que llamó a Calloia para «conseguir la cooperación del BROU para que quiénes podían ser participantes en la subasta llegaran a serlo si estaba en condiciones»

«A pesar del legítimo esfuerzo del denunciado por descartar cualquier otra vinculación con el otorgamiento del cuestionado aval bancario, – a juicio de este dicente – emergen relevantes elementos probatorios que respaldan lo contrario. En efecto, el Sr. Ministro, excediendo los límites de su ámbito de competencia funcional, concedió el respaldo orgánico del Ministerio de Economía y Finanzas, en favor únicamente de la aerolínea española COSMO, desconocida en el mercado regional, y tan solo una de las cuatro interesadas en participar del remate de las siete aeronaves Bombardier CRJ 900 de la ex PLUNA – (a saber: Grupo Molinari, Mont Fortelco y la Embajada de Venezuela), para que, en el exiguo plazo de dos o a lo sumo tres horas, obtuviera ante el Banco de la República, el otorgamiento de un aval de mantenimiento de oferta por la suma de U$S 13.885.156 (Dólares Americanos), sin exigir simultáneamente la presentación de contragarantía, en detrimento y clara desigualdad con las restantes interesadas», señala el documento agregado que en el momento en que el BROU dio el aval «no contaba con la información mínima» para hacerlo.

A modo de prueba, el fiscal plantea la declaración de un funcionario del BROU: «recibo la llamada del Pte. Del Banco. Me pregunta sobre el aval, le comunico las condiciones que me había dado el solicitante para la misma y que al ser una firma extranjera que no tenía antecedentes en el banco y el solicitante no había ofrecido ninguna garantía en su respaldo, no podíamos considerar la garantía de mantenimiento de oferta. A lo que este me indica que se trataba de un tema de interés nacional …., que él tenía el consentimiento de /os directores del banco necesarios para la aprobación del aval. La ejecutiva de cuentas estuvo presente también en esta conversación y se contaba en ese momento con muy poca información de la empresa COSMO».

«El ministro de Economía ilegitimamente operó de garante verbal frente al Banco República, en favor de una empresa extranjera COSMO S.L., mientras ésta entregara con posterioridad al 1″ de octubre 2012,la Póliza pendiente», señala el documento.

A todo esto López Mena declaró: «La verdad es que no tuve intervención, porque cuando se concreta la empresa española, de acuerdo al pliego necesitaba un aval. El Ministro de Economía dijo «el aval se lo damos nosotros» porque no había tiempo, no se podía conseguir un aval en 10 días. Después yo le informo al Sr. Hernán Calvo que el aval se lo daba el gobierno y luego ellos debían conseguir una garantía para el aval».

«Los argumentos excusatorios manejados por ambos profesionales – en concepto del suscrito – son inadmisibles. No es concebible que en un Estado Democrático de Derecho, en un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional, y se crea en forma excepcionalísima un Fideicomiso de Administración por la Ley 18.931, con el fin de procurar la transferencia de los activos de PLUNA a un nuevo titular a través de un procedimiento competitivo público de adjudicación, nada menos que el Ministro de Economía, y el Presidente del Banco República, interfieran propiciando una preferencia totalmente inaceptable e ilegítima, en relación a uno de los interesados en la subasta», concluye el fiscal.

Gómez agrega que Lorenzo «abusando de poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la exPluna».

En cuanto a Calloia señala que «aceptando esta situación irregular instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva, COSMO S.L. fuera el único mejor postor».

«Desde luego que dichas actuaciones exceden la mera irregularidad administrativa, determinado una clara desigualdad con respecto a las restantes empresas interesadas en participar en la subasta. Se trata de verdaderos actos arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan los indagados, en virtud de sus respectivos cargos públicos», agrega.

Los procesamientos. 04/04/2014.-

Tanto Fernando Lorenzo como Fernando Calloia fueron procesados esta mañana por la Justicia por delito de abuso de funciones a causa de su participación en el caso Pluna.

«La jueza Adriana de los Santos resolvió el procesamiento sin prisión», informó al salir del juzgado el propio Lorenzo, quien renunció a su cargo en diciembre pasado poco antes de comparecer por primera vez ante la justicia por el proceso de liquidación de Pluna, informó AFP.

«Aquí hay indicios de que en el momento en que se concedió el aval a la empresa hubo un exceso de parte de estos dos funcionarios, que en forma arbitraria exceden el marco legal de sus funciones, por lo que hay un abuso de funciones innominado», aseguró esta mañana el vocero de la Justicia, Raúl Oxandabarat.

Oxandabarat dijo que la jueza no puede ir más allá de lo que pidió el fiscal, cuando se le preguntó por qué el intendente de Colonia Walter Zimmer fue procesado con prisión por el mismo delito pero no Calloia y Lorenzo.

El ex ministro de Economía y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, concurrieron este viernes a las diez de la mañana al juzgado de Crimen Organizado.

En diciembre del año pasado la fiscal del caso Pluna, Juan Gómez, había pedido el procesamiento sin prisión por un delito de abuso de funciones, de Calloia y Fernández.

Los abogados, Gonzalo Fernández y Amadeo Ottati pidieron un recurso de inconstitucionalidad contra ese delito, lo que demoró la decisión de la jueza Adriana de los Santos.

La derogación del delito de abuso de funciones.-

Corría el año 2017 y en el Senado se reflotó una iniciativa del Frente Amplio para derogar el artículo 162 del Código Penal, que establece el delito de abuso de funciones. Esto generó la inmediata reacción contraria de los partidos de la oposición que consideran inapropiado hacerlo ahora, en medio de varias causas judiciales abiertas que involucran a exjerarcas de gobiernos pasados.

El proyecto de ley fue distribuido ayer miércoles entre los legisladores durante la sesión del Senado.

El proyecto ya genera polémica al restarle apoyo los partidos de la oposición.

Allegados al senador nacionalista Luis Lacalle Pou adelantaron a El País que no se comparte la idea.

Fuentes de Alianza Nacional, el sector del senador Jorge Larrañaga, dijeron que él tampoco apoya la idea de la derogación en este momento de procesos penales en curso.

El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó que derogar este delito «en momentos en que empiezan las declaraciones judiciales por Ancap es, además de un error, un pésimo mensaje». No sé si no tiene nombre y apellido», deslizó.

En tanto, tampoco el Partido Independiente comparte aprobar ahora una ley así. El diputado Iván Posada indicó a El País que hay posición contraria a derogar ese artículo porque «es una iniciativa grave en la medida en que hay causas abiertas. Estamos dispuestos a analizar el alcance de la norma en el marco de la reforma del Código Penal. Pero nunca en esta ocasión. Es una señal política lamentable».

Lo que seguimos pagando por Pluna. 21/02/2019.-

¿Cuánto le costó al Estado el caso Pluna? ¿Se sigue perdiendo dinero?

Las preguntas volvieron a escucharse esta semana luego de que la Justicia Civil condenó al Banco República (BROU) a devolverle al empresario argentino Juan Carlos López Mena los pagos que ya realizó por el aval que se concedió en su momento a la empresa Cosmo para la compra de siete aviones que pertenecían a Pluna SA; la cifra deberá ser ajustada con los intereses correspondientes. Además, le ordenó pagarle al dueño de Buquebus US$ 15.000 por concepto de daño moral.

El aval ascendía en total a US$ 13.600.000 dólares. Fuentes del BROU dijeron a En Perspectiva que López Mena abonó hasta ahora US$ 8 millones en cuotas. Este fallo en primera instancia obliga al banco a devolver esa suma más intereses. Sin embargo, el BROU apelará la decisión.

Los informantes del BROU consultados por En Perspectiva entienden que si el fallo se confirma el Estado no se estaría perdiendo más plata, si no devolviendo lo que había logrado recuperar para achicar las pérdidas generadas por la liquidación de la aerolínea.

¿Por dónde perdió plata el Estado en todo este asunto?

En 2007 el fondo de inversión Leadgate, que estaba representado por el argentino Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, se hace cargo de la aerolínea al comprar el 75% del paquete accionario.

En sociedad con el Estado, Leadgate resuelve la compra en cuotas de siete aviones Bombardier que totalizan US$ 203 millones (US$ 29 millones cada uno). La compra fue financiada por el ScotiaBank y la garantía del préstamo está a cargo del Estado Uruguayo.

A mediados de junio de 2012, Leadgate deja la compañía en medio de una situación de insolvencia y el Gobierno toma la decisión de buscar un nuevo inversor. Sin embargo, menos de un mes más tarde, el directorio, controlado por el Estado, suspende indefinidamente las operaciones e inicia un proceso de concurso.

Mientras estuvo al frente de Pluna SA, Leadgate pagó algunas cuotas a Scotiabank por los aviones, pero al liquidarse quedó una deuda de US$ 137 millones de la cual el Estado era garante.

La liquidación

Para liquidar la aerolínea el gobierno envío un proyecto de ley al Parlamento con el que se creaba un fideicomiso al que se transferirían los bienes de la compañía, entre ellos siete aviones Bombardier.

La intención era subastarlos. En una conferencia de prensa, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, explicaba que con la venta de los aviones se pagarían las deudas de Pluna SA.

Con la ley aprobada, el fideicomiso organizó la subasta el primero de octubre de 2012. Para participar en la subasta el fideicomiso exigió como requisito una garantía de mantenimiento de oferta (el famoso aval del BROU) de US$ 13.600.000.

La empresa española Cosmo fue la única que se presentó al remate luego de haber obtenido en tiempo récord el aval de parte del BROU. De por medio estaba la argentina Boston Compañía de Seguros, que cubría ante el BROU la garantía de mantenimiento de la oferta a realizar por Cosmo en la subasta de las aeronaves.

El remate finalmente se frustró cuando Cosmo retiró la oferta en medio de una polémica por la vinculación del representante de la empresa, Hernán Antonio Calvo Sánchez con Juan Carlos López Mena.

Al caerse el remate, el fideicomiso reclamó al BROU el pago del aval. Ante el requerimiento el banco pagó (*) pero, a su vez, reclamó a la aseguradora Boston. Esta última se negó a responder.

La controversia se extendió durante cuatro meses hasta que López Mena decidió hacerse cargo de la deuda, en marzo de 2013. Argumentó que lo hacía por su doble condición de cliente de Boston y del BROU y, sobre todo, para preservar sus relación con la institución bancaria estatal, principal financiadora de buena parte de sus proyectos.

El concurso

En 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley que creó el fideicomiso, lo que implicó “la nulidad de la subasta y del aval otorgado”. Con esa decisión los aviones volvieron a la masa concursal.

Finalmente, los aviones se vendieron en 2016, con lo que se recaudaron US$ 77.000.000 en total. Así se saldó la deuda con todos los acreedores salvo uno, el Scotiabank. El propio banco aceptó quedar por fuera del proceso y que el Estado le siguiera abonando la deuda de US$ 137.000.000 en cuotas semestrales de aproximadamente US$ 8.000.000, que aún se están pagando.

El pasivo contraído con el Scotiabank hacía inviable el pago al 100% de los acreedores, por lo que la exclusión de esta institución financiera era la mejor solución para no dilatar la cantidad de juicios por deudas.

Las cuotas que se pagan al Scotiabank son la mayor pérdida para el Estado en todo este proceso, dijo ayer a En Perspectiva Gabriel Ferreira, el ex síndico de Pluna SA.

«Esa es para mí la pérdida que hubo en todo esto. Con la venta de los aviones ingresó dinero. Todo el mundo cobró el 100% menos el Estado que tuvo que seguir pagando las cuotas al Scotia», dijo.

El aval

¿Cómo juega el aval otorgado por el BROU? ¿Hay que sumarlo a las pérdidas?

En la cuenta global, lo que López Mena estaba abonando por el aval le servía al Estado para aliviar la pérdida de US$137.000.000 por la deuda del Scotiabank. Si López Mena hubiera pagado todo el aval, el Estado al menos hubiera recuperado casi el 10% de esa pérdida generada en la liquidación.

En marzo de 2013 López Mena había llegado a un acuerdo con el BROU para hacerse cargo del aval que el banco ya había depositado en el fideicomiso. Sin embargo, con el fallo de inconstitucionalidad cambió su estrategia e inició una demanda civil contra el BROU para recuperar lo abonado.

¿Cuál era su fundamento? Una cláusula del convenio que había cerrado con el banco, que establecía que si la ley de liquidación quedaba sin efecto, debía reembolsársele el dinero.

El BROU alegaba que la inconstitucionalidad de la ley no anulaba el remate, pero López Mena igual prosiguió con su acción judicial. Durante el proceso, el empresario dejó de pagar las cuotas del compromiso que había asumido y el banco le bajó su categoría crediticia, lo cual fue anunciado en el sitio web de la institución estatal.

Luego López Mena renegoció las cuotas y retomó el pago de la deuda, y, por otro lado, denunció al BROU ante la Justicia Civil por daño moral. Según él, al bajarlo a la categoría de deudor y hacer pública la resolución, el banco había afectado su imagen comercial.

Finalmente, la Justicia le dio la razón el martes. Hasta ahora el empresario argentino llegó a pagar US$ 8.000.000 del total del aval.

Ahora, con este fallo en primera instancia, el BROU le debería devolver a López Mena esa cifra y afrontar algunos gastos nuevos: los intereses de esa devolución y los US$ 15.000 por daño moral.

Pero el pago no es definitivo ya que el banco va a apelar la sentencia.

Una historia que no ha terminado, seguimos pagando.

El subsecretario de Economía y asesor de Martínez, Pablo Ferreri, dio una charla sobre redistribución del ingreso.

El viceministro habló sobre una deuda pendiente que hay de Pluna. Tiene que ver con la Ley de Presupuesto 2015. Se estableció una partida de 10 millones de dólares anuales para amortizar las cuotas sobre la compra de los aviones de Pluna. Lo que hay aquí es un ajuste por la evolución del tipo de cambio. Fue una resolución que se tomó y firmó en los últimos días pero está atada a una decisión legal del presupuesto 2015.

Eso se termina de pagar en 2023, pero se han ido pagando las cuotas sin problema. Están en su curso.

En base a datos recabados de Montevideo Portal, El País, Telemundo, En Perspectiva.

 

 

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