Chile es el único país del planeta que mantiene legalmente privatizada el agua. Y nosotros como quedamos con la Ley de Riego?

“Chile es el único país del mundo que tiene privatizada tanto las fuentes como las gestiones del agua”, indicó Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y representante del Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

Un escenario que tiene sus antecedentes en 1981, cuando se aprobó el Código de Aguas que estableció el carácter privado de los derechos de uso. Luego, en 1998, durante la administración de Eduardo Frei, se promulgó la ley 19.549 que modificó el régimen jurídico de la empresa sanitaria Aguas Andinas para iniciar su privatización.

En esa oportunidad se mantuvo el 30% de la propiedad de uso público, algo que posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se liberalizó al mercado al cien por ciento. Finalmente, antes de terminar su mandato, Sebastián Piñera consumó las ventas de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (Esval), de Bío Bío (Essbio), de Los Lagos (Essal) y de Aguas Andinas.

Esta última empresa es controlada en un 50% por el grupo español Agbar, en un 13% por el grupo Luksic a través del Banco Chile y en un 10% por el Banco Itaú, entre otros inversionistas. Cifras que reflejan el negocio de un derecho humano que el Estado de Chile no garantiza.

Los intereses en mercantilizar este recurso, cada vez más escaso, son muchos y transversales entre los sectores políticos. Los vínculos entre las empresas sanitarias y los parlamentarios, también lo son.

Chile es el único país del planeta que mantiene legalmente privatizada el agua. Según Carl Bauer, profesor de la Universidad de Arizona, lo describe como un “ejemplo paradigmático” de reforma del libre mercado, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

Esta norma que nace en la Constitución de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, permitió vender, arrendar o especular con este recurso básico. Instancia que contradice e incumple la resolución de Naciones Unidad de 2010, donde se reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

La Dirección General de Aguas (DGA) entrega gratuitamente los derechos de uso de agua a quienes los solicitan. Esos derechos certifican que una persona es propietaria del agua (superficial o subterránea) de una parte concreta de la cuenca de un río y quedan registrados en un catastro y en el registro de la propiedad.

Por otra parte cuando esta entidad no sede estos permiso, se pueden obtener los derechos en el mercado privado del agua. Si bien la legislación limita la entrega en situaciones de escasez o restricción, se continua realizando esta práctica, pero en menor media.

Esto generó una  situación en Petorca, zona ubicada entre Los Andes y el Pacifico,   por la excesiva entrega de derechos de agua de los ríos Petorca y La LiguaTras agotar estos lechos, los grandes empresarios comenzaron a sobreexplotar las napas subterráneas afectando a la comunidad, quienes deben obtener agua a través de los camiones aljibes municipales para consumo básico.

La sequía provocada por la sobreexplotación del agua por parte de privados, ha traído consecuencias irreversibles para la comuna, se arrasó con el paisaje y empobreció a los pobladores: dejándolos sin animales, verduras, frutos, ni independencia de sustituir con sus propios recursos. Como destaca el medio español.

Asimismo, desde el 2011 se han detectado robo del recurso por parte de privados, secando las limitadas reservas de agua del país, donde se han visto involucrados empresarios y políticos como el ex ministro Edmundo Pérez Yoma o el exdiputado Eduardo Cerda García. Según los últimos datos públicos del Ministerio de Obras Públicas, existen 167 expedientes abiertos por este delito.

Avances y retrocesos en el Derecho de Agua Universal en Chile

En la misma publicación se destaca que el cambio de normativa que busca regular el acceso a este recurso se ha intentado realizar ocho veces, la última fue el mismo 2011. La iniciativa contó con la fuerte oposición de Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), entidad que reúne a grandes empresas del rubro.

La ley durmió en el Congreso, hasta el último mandato de Michelle Bachelet, donde tuvo un nuevo impulso y donde se buscó establece el agua como bien público y derecho humano que debe ser garantizado por el Estado; acabando con la concesión a perpetuidad de derechos .

Sin embargo,  en el actual gobierno de Sebastián Piñera,  se anunció que se buscará mantener los derechos permanentes a privados para garantizar las inversiones.

HABLANDO DE AGUA. LO QUE IMPLICA LA LEY DE RIEGO EN URUGUAY.

En  la  última  reunión  del  Consejo  de  Ministros,  que  tuvo lugar el lunes, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley de Riego con destino agrario, aprobada hace un año y contra la cual se promovió, sin éxito, un referéndum. Los interesados en “realizar un aprovechamiento privativo de aguas del dominio público” deberán pedir autorización ante los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con un “proyecto de riego” que detalle “los aspectos y alcances de la obra”.

Además, al MGAP le corresponderá generar un “programa de promoción de riego”, que incorporará las “estrategias de fomento y el conjunto de las potenciales obras hidráulicas para riego por cuencas, basados en estudios” que “contemplen los aspectos hidrológicos, ambientales y socioeconómicos”. Los ministerios tendrán “especialmente en cuenta” las líneas planteadas en ese programa al momento de “otorgar y renovar permisos o concesiones”.

Por otro lado, la reglamentación establece que, en los casos en que se suministre agua a terceros, se deberá notificar sobre los contratos realizados con los titulares de predios que serán regados. “La cantidad de tierras beneficiadas, cuya disponibilidad deberá acreditarse, no podrá ser inferior al 50% de la capacidad potencial de riego de la obra hidráulica”, establece el texto. Carlos Colacce, secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, explicó que esta disposición busca que exista una relación entre la “obra hidráulica, que representa determinada cantidad de metros cúbicos de agua”, y la cantidad de hectáreas que se van a regar con ella.

El Ejecutivo elaborará criterios para definir el “caudal ambiental”, o sea el que permita, aguas abajo de una obra, “la protección del ambiente y criterios de manejo ambientalmente adecuados de las obras hidráulicas”. Se otorga al MVOTMA el plazo de un año para establecer las “guías metodológicas para la determinación, aplicación, control y monitoreo de caudales ambientales de las distintas cuencas”. Mientras tanto, se determinará provisoriamente un caudal con 60% de probabilidad de excedencia en cada mes para las obras de embalses, y 80% de probabilidad de excedencia por mes en el caso de tomas de agua.

Colacce dijo que aún no se presentó ningún interesado en participar como operador de riego. “No van a pulular las represas. Hoy tenemos 1.500 represas de riego hechas por particulares, y capaz que no llegamos a tener ni diez represas bajo la sombra de esta ley”, opinó.

LO QUE OPINAN QUIENES SE OPUSIERON A ESTA LEY.

Otro artículo de prensa sobre el mismo tema, pero con distinta visión. El portal ECOS entrevistaba en febrero del 2018 a  Nicolás Marrero, sociólogo, docente de la Udelar, quien daba cuenta de que  en enero se  comenzó con la campaña para la recolección de firmas en rechazo a la ley de riego, aprobada en el Parlamento en octubre del 2017. La iniciativa es impulsada por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), el gremio de estudiantes y el de docentes de la Universidad de la República (Udelar) y el Partido de los Trabajadores, finalmente no logró el apoyo necesario para su derogación por lo cual la misma está en plena vigencia.

Marrero en la oportunidad opinaba;  «la implementación de esta ley  privatiza el agua, se pone en riesgo el abastecimiento de este recurso para toda la población, tiene consecuencias ambientales y deja afuera a los productores familiares.

– ¿Cómo se abastecían hasta el momento los productores?

– Hasta el momento hay un sistema público de riego, no está creado un mercado como pretende hacer la ley. Cada productor se abastece como puede. A partir de la ley se busca crear asociaciones con fondos financieros o capitales que no sean del rubro del agro. Se pueden formar sociedades agrarias para la acumulación del agua y el control de la distribución. Lo que se trata de hacer es crear una especie de mercado de agua, generando embalses para su distribución con una fuerte participación de empresas ajenas al rubro y con el apoyo del Estado a partir de la ley de participación público privada.

– ¿Por qué rechazan la ley de riego?

En primer lugar, nosotros rechazamos la ley porque implica un avance en la privatización del agua. Es una ley promovida por el Banco Mundial y que fue aprobada por todos los partidos con excepción de la Unidad Popular. El segundo aspecto que denunciamos es que esta privatización va a tender a acaparar este negocio y por lo tanto también a dejar afuera de este recurso a los pequeños productores, a los familiares. Por ejemplo, tienen la posibilidad de -algo que hasta ahora no existía- cortar el agua, porque al tiempo que esto se privatiza se convierte en mercancía y también implica el encarecimiento de este recurso. Por otro lado, tiene consecuencias ambientales muy fuertes para la calidad del agua que ya se encuentra muy deteriorada, esto ha sido señalado por académicos de la Facultad de Ciencias y organizaciones ambientales. Además, pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para toda la población. Por último, es una ley inconstitucional porque contradice el plebiscito de 2004, que recogió 65% de la adhesión. El agua es un derecho humano fundamental y no puede ser objeto de negocio.

LA POSICIÓN DEL PIT-CNT

Sobre el tema el portal del PIT-CNT de fecha 21 de noviembre del año 2017 decía lo siguiente;

Hoy se desarrolló un encuentro al más alto nivel político y sindical, para propiciar un diálogo fraterno, o como lo explicó al Portal la vicepresidenta Lucía Topolansky, “porque la peor gestión es la que no se hace”. A instancias de la presidenta de la Asamblea General, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió a una delegación parlamentaria que tuvo la chance de intercambiar ideas, abrir un espacio de diálogo, y especialmente, aclarar desde la visión del oficialismo, algunos aspectos sobre los que la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) ha salido a denunciar la privatización del agua en Uruguay. “Acá no se privatiza” explicó en diálogo con el Portal la vicepresidenta de la República. “El agua que nos llega de OSE y el saneamiento no tienen nada que ver con esta ley” aclaró.

Del encuentro promovido por la propia Topolansky con la central, participaron dirigentes de la FFOSE quienes también señalaron sus puntos de vista discrepantes con esta ley del Poder Ejecutivo pero confían en que con la anuencia de la asamblea de trabajadores, se habilite una instancia de diálogo entre las partes, iniciativa que fue propuesta en la reunión de hoy por el propio presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Si bien la FFOSE insiste en que la ley es inconstitucional al contradecir el artículo 47 de la Constitución de la República, y tiene prevista la recolección de firmas para impulsar un recurso en su contra, reconoció como “positiva” la reunión de hoy, lamentaron que no se haya realizado antes. Gustavo Ricci de la FFOSE dijo al Portal que el Parlamento no consultó a las fuerzas vivas y los trabajadores cuando elaboró esta ley pero celebró que ahora a iniciativa de la vicepresidenta Topolansky se haya comenzado este espacio de trabajo. En este sentido, Ricci señaló que incluso en un hipotético escenario de no concretarse un referéndum contra esta ley, se trabajará para sea “lo menos mala posible para la población”.

Topolansky y las fuerza del diálogo

“Queríamos escuchar, conversar, dialogar. Hace poco más de un mes aprobamos la nueva ley de riego, como en el marco de esa aprobación se desataron algunas polémicas, por ello pensamos que era oportuno pedirle a distintos ámbitos de la sociedad organizada, para conversar y exponer las razones que tuvimos para la aprobación de esa ley. Fue en ese marco que le pedimos una entrevista al PIT-CNT, porque nos parecía que era un ámbito importante para exponer nuestras razones”. Luego de la presentación de motivos por los que se ha impulsado esta ley, llegó el turno de la exposición de la central. “Escuchamos a la gente del sindicato de OSE que desarrolló las razones de ellos, intercambiamos algunas posiciones y hubo una propuesta de Fernando Pereira de constituir una comisión para trabajar algunos puntos de modo de que como ahora se está construyendo la reglamentación, poder llevar sugerencia y entendernos, porque las posiciones eran diferentes con la gente de OSE”. Topolansky aseguró al Portal que la reunión se desarrolló “muy respetuosamente, porque nadie fue a imponer nada, solamente con el ánimo de escuchar las distintas campanas. Los compañeros de OSE tenían que consultar a su asamblea si participaban o no de ese trabajo posterior, y nosotros vamos a seguir recorriendo la sociedad por distintos lugares explicando nuestras razones”. La vicepresidenta dijo que “nadie es dueño de la verdad absoluta, pero es bueno tener la oportunidad de desarrollar las ideas”.

 

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